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Luego de una larga reunión, que inició hace tres días, entre la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para establecer los nuevos protocolos para garantizar la protesta pacífica sin poner en riesgo la vida, se conoció que las autoridades pedirán al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una prorroga para entregar el documento.
La decisión de pedir una extensión de 60 días, se debe a que las autoridades manifestaron que estos días no son suficientes para redactar un texto tan complejo, como el de los protocolos para definir las directrices del uso de la fuerza durante las protestas.
Por otro lado, el secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, aseguró que el Distrito Capital y el Gobierno no lograron ponerse de acuerdo en puntos como, la prohibición del uso de capuchas y pintura, como la de exigir una póliza a los organizadores de las marchas, por si se presentan actos de vandalismo y se afecta infraestructura de la ciudad.
El funcionario de la Alcaldía de la capital aseguró que la propuesta presentada por el Gobierno, representan una restricción al derecho a protestar.
“La propuesta presentada por el Gobierno Nacional contempla una serie de restricciones al ejercicio de la protesta y deberes sobre quienes manifiestan: la necesidad de solicitar una póliza civil extracontractual, la prohibición de utilizar pinturas o de utilizar implementos que cubran el rostro. En el criterio de la Alcaldía estos son asuntos que únicamente pueden ser resueltos por la ley, por una ley estatutaria que son las llamadas a regular derechos”, añadió Luis Ernesto Gómez.
Por otro lado, en la protesta presentada por el Estado, se prohíbe que la Policía use de armas de fuego durante la realización de una marcha y se específica que solo se hará uso de armas letales cuando se deba proteger una vida, y se estableció que el Esmad será utilizado como último recurso, además, a los uniformados se les deberá capacitar en derechos humanos y en uso de armas.
