2018 fue un año turbulento para la puesta en marcha del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc. Los procesos de reintegración de excombatientes, la participación política de Farc y la protección hacia líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron algunos de los temas más álgidos del periodo.
Al mismo tiempo, los organismos de justicia transicional empezaron a funcionar, no sin tropiezos. El legislativo empezó a discutir las reformas políticas y electorales que expertos recomendaron para crear un sistema más incluyente, pero que aún no se han materializado en una ley.
Para hablar de los retos de la implementación de cara a 2019, la Agencia Anadolu entrevistó a la representante a la Cámara Juanita Goebertus. La congresista conoce los pormenores del Acuerdo de Paz como pocas. Ha estudiado por más de una década procesos de justicia transicional en el mundo y fue asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde allí lideró el equipo que produjo los insumos para crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como el Marco Jurídico para la Paz, la espina dorsal del acuerdo que silenció los fusiles de la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
¿Cómo ve la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz? La JEP hasta ahora está iniciando. Hay que darle tiempo para que lleve a cabo los procesos necesarios. Si uno mira la experiencia de Justicia y Paz, la desmovilización paramilitar que se da entre 2003 y 2007, la ley se aprueba en 2005 y las primeras sentencias empiezan a salir hasta 2008, casi cinco años después del inicio del proceso de dejación de armas. ¿Entonces cree que está dentro de los parámetros de tiempo que implica una justicia transicional?
En el caso de la JEP ya se inició el proceso en el caso de secuestro por motivaciones políticas, más de 30 excombatientes de las Farc se han presentado frente a este caso. Estamos pendientes de que el próximo año la sala de Reconocimiento de Verdad proceda a la primera resolución de conclusiones frente al tema del secuestro para que el caso pueda ir al Tribunal. A todos nos gustaría que el proceso fuera más rápido y tenemos que insistir en que las Jurisdicción de resultados, de eso depende su legitimidad y credibilidad, pero también es fundamental de que los procesos tengan toda la evidencia necesaria. ¿Cómo analiza la relación entre la Fiscalía colombiana y la JEP?
Todos hemos presenciado choques, en parte por falta de claridad normativa, pero también por desconfianza. Algunos no creen que la JEP es un órgano creado constitucionalmente para administrar justicia. Hay varios sectores que han insistido en que les parece ideologizada y sesgada. Yo he insistido en que la dejemos trabajar para que dé resultados. Si vemos que los resultados son sesgados se pueden apelar, pero ahora cuando recién está comenzando creo que lo que nos corresponde como ciudadanos es rodearla para que funcione. ¿Cree que la puesta en marcha del acuerdo en materia de participación política ha tenido buenos resultados?
La Misión de Observación Electoral certificó que las últimas elecciones de este año fueron las más pacíficas en la historia reciente del país. Realmente uno de los dividendos concretos de paz fue poder tener procesos electorales pacíficos. En ese sentido Farc tuvo todas las garantías para participar, por supuesto en un contexto de polarización política, pero en comparación con nuestros procesos electorales ha sido el más pacífico. A finales de diciembre el Congreso aprobó una reforma política. ¿Cree que ésta responde a las necesidades de inclusión que tiene el país?
Como resultado del Acuerdo de Paz, la Misión Especial Electoral había producido un informe recomendando los principales elementos en reforma política y electoral que necesitaba el país. Tristemente lo poquito que tenía esta reforma de esos componentes, que eran las listas cerradas y la paridad en la conformación de las listas, fue eliminado por la Cámara de Representantes. Si uno mira los contenidos de la reforma hoy, realmente es una vuelta al bobo, difícilmente cambia algo de lo que existe y definitivamente no toca los elementos esenciales. Por ejemplo, no reforma el Consejo Nacional Electoral. La reforma electoral integral que merece el país aún está pendiente. ¿Hay chance de que el Congreso discuta los elementos necesarios para que la política colombiana en verdad sea más incluyente durante este periodo legislativo?
El próximo semestre continúa la discusión de la reforma electoral y ahí veremos si hay oportunidad de incorporar alguno de los elementos sustanciales o si la reforma pasa sin pena y sin gloria. En diciembre hubo una proposición legislativa que, de haberse aprobado, habría permitido reactivar las ordenes de captura contra excombatientes de las Farc. La Misión de la ONU en Colombia y otras entidades advirtieron que esa propuesta ponía en peligro el Acuerdo de Paz y finalmente no fue aprobada. ¿Qué lecciones deja este incidente? La proposición que había presentado el representante Álvaro Prada (Centro Democrático) buscaba establecer que el gobierno nacional, por razones de seguridad nacional, pudiera solicitarle a la autoridad competente la reactivación de órdenes de captura en contra de cualquier excombatiente de las Farc.
Era muy peligroso porque ponía en riesgo la confianza en el acuerdo y el compromiso básico de que es la JEP que debe verificar que se estén cumpliendo las normas de la reintegración a la vida civil.
El incidente demostró que tenemos un bloque importante en la plenaria de la Cámara de Representantes de aproximadamente 80 representantes que no vamos a estar dispuestos a dejar pasar ningún tema que ponga en riesgo el proceso de paz. Este año algunos colombianos han perdido fe en la reincorporación de excombatientes luego de ver que uno de los líderes de las Farc, Jesús Sántrich, fue acusado de narcotráfico y el ´Paisa´, excomandante de una de las columnas más temidas de la guerrilla, dejó su zona de reincorporación y aún no se sabe dónde está. ¿Por qué seguir creyendo en el proceso? El Acuerdo de Paz marca un hito definitivo en la historia de Colombia. Si uno mira, por ejemplo, en el municipio de Planadas, en el sur del Tolima, se da cuenta que antes de la firma del acuerdo se exportaban entre uno y dos contenedores de café especial al año. Después de la firma se están produciendo entre 8 y 10 contenedores de ese producto al año, informa Anadolu.
Eso lo que demuestra es que Colombia tiene todo el potencial para crecer y desarrollarse, luchar contra la pobreza, así como cerrar la brecha entre el campo y la ciudad gracias al fin del conflicto armado.Pero eso depende de que implementemos el Acuerdo de Paz y que nos dediquemos realmente al desarrollo rural, a la participación ciudadana, a la reincorporación de excombatientes, a la sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito y la inserción de esos campesinos en economías eficientes. Además, debemos pensar en satisfacer los derechos de las víctimas.
Poner en riesgo el proceso de reincorporación de excombatientes pone en riesgo todo el proceso de construcción de paz y por lo tanto las enormes oportunidades económicas y de desarrollo sostenible que tiene el país gracias al fin de la guerra.
