La paz con las FARC avanza a trompicones en Colombia mientras intenta superar agujeros negros como el del departamento de Nariño, donde el narcotráfico ha convertido en un polvorín una región en la que las autoridades investigan una nueva y confusa matanza.
Esta todavía no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, pero datos divulgados hoy por medios locales indican que se cometió el pasado viernes en un remoto lugar de la localidad de El Charco, donde murieron al menos seis personas, al parecer, en un combate entre grupos ilegales que se disputan el negocio del narcotráfico.
Hace apenas trece días en el cercano municipio de Tumaco, también en Nariño, siete campesinos que se oponían a la erradicación de cultivos de coca fueron asesinados supuestamente por policías en otro confuso incidente.
Para lograr algo de luz sobre una zona a la que llegar es casi imposible por la orografía y la violencia, la Fundación Paz y Reconciliación publicó hoy un informe que detalla que once grupos intentan hacerse con el control de esa región limítrofe con Ecuador y con costas en el océano Pacífico.
Al menos tres de esos grupos los formaron disidentes de las FARC: Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), La gente del nuevo orden y el Grupo Oliver Sinisterra, que se han fortalecido reclutando en la región.
También intentan imponer su ley el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país nacida tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); La Empresa, Organización Sicarial del Pacífico, Los Negritos, Renol, un grupo armado privado de narcotraficantes mexicanos, otro llamado Nuevo Grupo y la Columna Gaula.
Todos ellos intentan dominar un territorio clave para el narcotráfico, ya que Tumaco no sólo es la localidad con más hectáreas de coca sembrada en el país, sino que también tiene decenas de laboratorios en su territorio y está en medio de una de las rutas claves del narcotráfico.
De Tumaco, que tiene el segundo mayor puerto de Colombia sobre el Pacífico, salen toneladas de cocaína cada año con dirección a Centroamérica, México y Estados Unidos, según las autoridades.
Por ello, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, subrayó que el problema no es que Tumaco “tenga cultivos de coca, porque ese problema lo tienen 183 municipios del país, sino que concentra toda la cadena del narcotráfico”.
Lo más complejo de la situación de violencia que vive esa localidad y que estalló el pasado 5 de octubre con la matanza de los cocaleros, que todavía es objeto de investigación, es que podría extenderse a otros puntos de Colombia.
En Tumaco, con 23.148 hectáreas, está el 16 % de los cultivos de coca de Colombia que, según otro reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), ocupan un total de 146.000 hectáreas.
Sin embargo, la Fundación Paz y Reconciliación alertó de que al menos otros nueve municipios viven una situación que podría derivar en un estado muy similar al que se vive hoy en Tumaco.
En esas diez localidades se concentra casi la mitad de los sembrados de coca que hay en toda Colombia.
Esos municipios están divididos en cuatro departamentos, tres de los cuales (Putumayo, Nariño y Cauca) forman un triángulo en el límite con Ecuador, mientras que Norte de Santander, donde está la convulsa región del Catatumbo, es el principal paso con Venezuela.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, subrayó que en la zona “falló la estrategia del Gobierno” tras la firma de la paz con las FARC, que en su opinión llegó “con una estrategia errada que era presión sobre los campesinos cocaleros y no oferta de negociación”.
“Lo más grave es que eso se puede presentar en estos diez municipios porque los factores coinciden: disidencia de las FARC, crecimiento de los cultivos ilícitos y una política de erradicación forzada que enfrenta de nuevo al Estado con los campesinos”, sostuvo Valencia, que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La crudeza del conflicto en la zona también se refleja en el asesinato de líderes sociales, una de las fórmulas que usan las bandas criminales para mantener su control sobre las comunidades.
Precisamente este martes fue asesinado el líder comunitario José Jair Cortés, uno de los miembros del Consejo Comunitario del Territorio de Alto Mira y Frontera.
Según denunció la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cortés “tenía amenazas, situación que fue puesta en conocimiento por parte del Consejo Comunitario hace 20 días aproximadamente ante las autoridades competentes”, informa Efe.
La de Nariño es solo una situación que amenaza con expandirse a otras regiones y poner en riesgo un futuro en paz para buena parte de Colombia.
