El presidente de la Comisión de la Verdad, De Roux, el martes presentó el informe final de la Comisión sobre las causas y orígenes del conflicto armado
El jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, considera que el país debe enfrentar el narcotráfico “con toda determinación” si quiere alcanzar la paz porque se trata de un mal que se metió en el conflicto armado y penetró todas las esferas de la sociedad.
De Roux, que el martes presentó el informe final de la Comisión sobre las causas y orígenes del conflicto armado, afirma en una entrevista con Efe que el país debe tener el valor de mirarse a sí mismo y los horrores del conflicto para poder salir adelante.
Pregunta: ¿Qué viene tras la presentación del informe?
Respuesta: Durante dos meses vamos a estar hablando entre los colombianos para desatar una conversación en torno a los grandes asuntos que levantamos en el informe final. Y también va a haber, por supuesto, conversación en el exterior (con los exiliados) en los 24 nodos que tenemos en distintos lugares.
P: ¿Espera que el país acepte las conclusiones de la Comisión como una verdad histórica?
R: Sí. Quisiera yo decirlo más en estos términos: que lo acepte como elementos de verdad sólidos que nosotros ponemos para abrir una conversación con un país que tenga el coraje de mirar de frente qué fue lo que nos pasó y sin miedo.
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Y cuando digo de frente es no tener miedo a mirar lo que fue el mundo de las masacres, la inmensidad del desplazamiento, las tierras perdidas o arrebatadas a los campesinos, los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales (…) mirar de frente al narcotráfico, mirar de frente al paramilitarismo, mirar de frente a la impunidad, a la corrupción (…) porque el conflicto colombiano corre a través de estos elementos que son los que hacen que se perpetúe y eso hay que pararlo para que Colombia termine de ser un territorio tan victimizado.
P: ¿Qué opinión le merecen las críticas de quienes consideran que la Comisión de la Verdad tiene un sesgo ideológico?
R: Eso es parte de la verdad de Colombia que es un país polarizado. Pero también quiero decir que nosotros hemos procurado con toda sinceridad ponernos más allá de ideologías, de partidos políticos, de posiciones religiosas, de posiciones de género -que son lo más legítimas-, de posiciones étnicas, e irnos directo al ser humano y hablar desde ahí, desde la profundidad de todas las víctimas (…) y dejarnos conmover por el sufrimiento que hay.
P: El informe habla de dos problemas del país: las armas en la política y la idea del enemigo interno. ¿Eso se puede cambiar?
R: Queremos llamar a un cambio cultural profundo porque la política no puede ser un campo de desavenencias, de odios y de exclusión inmediatamente del otro, de hacerle sentir al otro que con él no podemos construir una nación, sino pasar a un escenario de diálogo, de negociación, en la que tú tienes que ceder y cambiar un poco para que el otro también cambie.
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Y también que comprendamos que lo que pasó en Colombia es una guerra política, ese es uno de los problemas de fondo. Si desde un principio, cuando hubo las primeras insurgencias políticas se hubiera tenido eso en cuenta y se sientan a la mesa para una conversación entre ciudadanos, las cosas hubieran sido muy distintas pero se tomó una decisión militar (…) y terminamos en un conflicto armado de 60 años con más de nueve, yo francamente veo que son más de 10 millones de víctimas.
P: Cuando se habla de violencia política, ¿Cuál es la responsabilidad del Estado colombiano?
R: Cuando uno se acerca a las responsabilidades tiene que entender que esto se da siempre dentro de entramados muy complejos, es decir, responsabilidades que refieren a decisiones que tomaron hombres que estaban en el poder y esas decisiones nunca fueron simples en medio de dilemas morales, pero sí es evidente que el modelo de seguridad que tenemos en Colombia es un modelo establecido desde el Estado para darle seguridad a todos los colombianos (…) y sin embargo tenemos casi 10 millones de víctimas.
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Con eso se pone en evidencia que es un modelo que no resulta porque los niveles de insatisfacción en la seguridad son muy grandes, los asesinatos de líderes han continuado incluso después del acuerdo de paz, 315 de los que firmaron la paz han sido asesinados, las comunidades hoy en día no están tranquilas, están confinadas, están produciéndose todavía desplazamientos.
Eso no quiere decir que no necesitemos una Policía, pero necesitamos una Policía de ciudadanos para ciudadanos, no una Policía militarizada, y necesitamos un Ejército que ponga como foco la paz, un Ejército para la paz.
P: ¿Se puede romper la connivencia del Estado con grupos al margen de la ley con el narcotráfico, con la corrupción?
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R: El paramilitarismo está lejos de ser simplemente unos grupos armados de características militares que en su momento fuerte, a finales de los años 90 y primeros cinco años de este siglo (…) salían a matar guerrilleros, a matar gente, sino un sistema donde estaban jugando intereses políticos, económicos, del narcotráfico, militares.
Por otra parte está la capacidad de corrupción y de penetración en toda la sociedad que tiene el narcotráfico. Colombia tiene que ponerle la cara a eso con franqueza, el narcotráfico está lejos de ser una parte marginal de la economía colombiana, son el corazón de la economía, son el corazón no solamente de la economía informal.
Pero no solamente se ha metido dentro de la economía, se ha metido en la cultura, se ha metido en el fútbol… y tiene una capacidad de corrupción extraordinaria, a base de contribuir a la financiación de las campañas políticas ha comprado a los políticos. Ha penetrado también a la Policía y el Ejército de muchas formas (…). El sacudón para la economía colombiana sería tremendo si Colombia se sacará el narcotráfico.
P: Sería eso una condición indispensable…
R: Para que se acabe el conflicto en Colombia, para que dejemos de matar gente, porque el narcotráfico se hizo parte del conflicto armado, sino las FARC no hubiera llegado nunca donde llegó (…) Y hoy en día las disidencias están tremendamente metidas en el narco.
P: ¿Por qué el país se acostumbró a la barbarie, como cuestiona el informe?
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R: En la Comisión lo que expresamos clarísimamente es que hay como una vulneración muy honda de nuestra dignidad como colombianos, que es una cosa muy delicada.
Yo me pregunto muchas veces ¿cómo nos atrevemos nosotros a reclamarnos como humanos, colombianos, si permitimos que estas barbaridades pasaran? Mientras estaban pasando cosas tan duras los profesores seguían dando sus clases en las universidades, los comerciantes seguían vendiendo sus cachivaches, los empresarios seguían haciendo recursos con sus producciones, los bancos seguían funcionando, los curas seguíamos diciendo misas y haciendo nuestras celebraciones religiosas como si nada estuviera pasando.
P: La iglesia ha tenido un papel muy importante en iniciativas de paz como las suyas, pero ¿tiene también alguna responsabilidad en lo que ha pasado en Colombia?
R: Sí, sí, una primera responsabilidad viene de atrás y todavía juega un papel muy hondo en la profundidad de Colombia y es que en los años que precedieron al actual conflicto, en la época que nosotros llamamos “La Violencia” (años 40), la Iglesia en una mayoría sensible se puso de parte del Partido Conservador (…) y sacerdotes agustinos recoletos y otras comunidades venidas de España pensaban que el liberalismo era lo equivalente a la lucha de los nacionalistas en España y eran aliados con el comunismo y eran anticlericales.
Ya en este nuevo proceso yo sí hubiera querido que la Iglesia toda hubiera tomado una iniciativa mucho más fuerte, mucho más generosa, mucho más decidida por la justicia social en Colombia y mucho más definitiva por la paz.
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P: ¿Cómo saldar la deuda histórica que el país tiene con los campesinos, afrodescendientes e indígenas que han sido los que más han pagado las consecuencias del conflicto?
R: Si lo hiciéramos como deberíamos hacerlo, Colombia debería entrar en una especie de Plan Marshall y direccionar los recursos públicos e invitar a los empresarios y a la gerencia del país, a la gente que tiene capacidad de tomar decisiones a incorporar a los excluidos, hacerlos parte de la identidad nacional, recuperar al campesinado con desarrollo, mostrar la absoluta no necesidad de la coca ni de los cultivos de coca.
P: La Comisión recomienda “cambios profundos al modelo de desarrollo económico del país para que el conflicto no se repita”, y también “transformaciones necesarias al Estado”. ¿Existe ambiente político para hacerlos?
R: Creemos que podemos desatar una conversación a fondo, seria, sobre esos temas. Las cosas que concluimos en la Comisión de la Verdad no son vinculantes, el Estado no está obligado a seguirlas ni el Congreso está obligado a tomarlas, pero esperamos tener suficiente aliento, digamos de fuerza moral y de fuerza política, para poner al país a discutir estos asuntos a fondo.
P: ¿Si el presidente electo, Gustavo Petro, le ofreciera ser comisionado de Paz, lo aceptaría o cuáles son sus planes?
R: Mis planes son seguir siendo jesuita, seguir trabajando por la reconciliación de los colombianos, no quiero tener ninguna cosa que ver con el Estado.
EFE
