Foto: Archivo referencial
En la mañana del 9 de septiembre, todo el país se conmovió con las fuerte imágenes que evidenciaban una parte del operativo policial que tuvieron dos uniformados de la Policía Metropolitana en contra del estudiante de derecho, Javier Ordóñez. Repetidos abusos de fuerza y peticiones por parte de este ciudadano para que se terminara su calvario fueron los ingredientes que culminaron con la muerte de este hombre de 42 años que murió tras el estallido de su riñón derecho, tal y como lo reza la necropsia.
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Tras un mes de este hecho que generó un sin fin de críticas en contra de la institución y que dejó en el recuerdo de todos los colombianos lo sucedido en las noches de aquel miércoles y jueves 10 de septiembre, cuando se presentaron múltiples movilizaciones en contra del abuso policial, la vandalización de decenas de Centros de Atención Inmediata (CAI) y la muerte de otros 14 ciudadanos en Bogotá y Soacha, en hechos que son materia de investigación.
Después de transcurrido el primer mes desde que Ordóñez falleció, la Fiscalía General de la Nación logró la imputación de cargos de los primeros dos uniformados de la Policía involucrados en el presunto asesinato del ciudadano, quienes fueron también destituidos de la institución y actualmente enfrentan un proceso disciplinario. Se trata de los exagentes Harvy Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, aquellos que aparecen en los videos de aquella madrugada del 9 de septiembre.
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Así mismo, este hecho causó una fuerte discusión entre el Gobierno Nacional y la administración de Bogotá, debido a que en cabeza de la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, se han emprendido diferentes mensajes para que la Policía Nacional sea objeto de cambios radicales para evitar y controlar los posibles actos de excesos de fuerza por parte de sus integrantes.
Mientras tanto, desde la Casa de Nariño han rechazado estas peticiones, asegurando que dichos actos de abuso policial no se tratan de una doctrina institucional, tal y como han señalado algunos miembros de la opinión pública, sino que son hechos aislados, llamándolos en algunas ocasiones como “manzanas podridas”.
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Por su parte, instituciones y entidades internacionales han rechazado el acto de violencia policial, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Unión Europea (UE), las Naciones Unidas, entre otros. De la misma manera, instan a que se esclarezcan los hechos y que los responsables de este homicidio sean condenados a penas ejemplares.
