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La Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) pidió este miércoles a las Fuerzas Militares y a la Policía que le entreguen, “a la mayor brevedad”, un informe sobre todos las investigaciones por abusos o violencia sexual que comprometen a miembros de esas instituciones.
La petición fue hecha luego de que la semana pasada se revelara que una niña de 12 años del pueblo indígena embera-chamí fue violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo, en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro).
En medio de ese escándalo también se informó el lunes que otros dos soldados presuntamente secuestraron y violaron a una niña de la tribu nómada nukak makú en septiembre del año pasado en el selvático departamento del Guaviare.
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En ese sentido, la Procuraduría pidió a los comandantes de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y de la Policía, general Óscar Atehortúa, un informe que especifique “la fecha y lugar de ocurrencia de los hechos, la identificación y ubicación de la presunta víctima”.
De igual forma, precisó el Ministerio Público en un comunicado, el documento debe tener “la información de los supuestos victimarios, de la autoridad penal a la que se remitió, si se inició actuación disciplinaria y el estado en que se encuentra cada expediente”.
“Para la Procuraduría resulta preocupante que por denuncias públicas se haga referencia a eventos en los que presuntamente miembros de la fuerza pública y de la Policía podrían haber victimizado no solo a niñas de comunidades indígenas sino a mujeres adultas u otras personas”, agregó la información.
Ante los casos de abuso sexual, asociaciones de pueblos indígenas se han manifestado en los últimos días frente a unidades militares en Bogotá, Cali y Pereira para exigir justicia por estos hechos. EFE
