Foto: Archivo referencial
La Procuraduría General de la Nación acaba de comunicar que le solicitó a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que remita el proceso que adelanta en contra del exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, pues al momento en el que el expresidente renunció a su curul en el Congreso, el alto tribunal perdía competencia.
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Desde el Ministerio Público han reiterado en diferentes oportunidades que todos los colombianos deben respetar, acatar y darle cumplimiento a las decisiones judiciales, por lo que la renuncia de Uribe significaría que el expresidente perdía el fuero que le otorga la Constitución, para que la Corte Suprema pudiera investigar los presuntos delitos que habría cometido Uribe en su papel como congresista.
“Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas”, se lee en el comunicado.
Para el ente de control con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.
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Esta competencia se pierde, porque según la Procuraduría, no existe una prueba que compruebe que el expresidente Uribe hubiera abusado de su ejercicio como congresista para ejecutar los presuntos delitos que la Corte Suprema de Justicia le investiga y por los que decidió someterlo a una medida de detención domiciliaria.
