Foto: Archivo referencial
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue un alto tribunal que surgió tras los acuerdos de paz realizados entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC en La Habana durante 2016, mismo que le daría un espacio a que las víctimas del conflicto armado confronten a los autores de los crímenes que marcaron sus vidas por más de 50 años.
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Recordemos que quienes se han visto suscritos a esta corporación son aquellos que formaron parte de las organizaciones o grupos armados, o todos quienes hubieran contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto y que cumplan con sus declaraciones para la verdad, reparación y no repetición de estos hechos.
Sin embargo, en las últimas semanas se presentaron dos nuevas peticiones por parte de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también conocidos como los antiguos paramilitares, tratándose de los exjefes Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y Salvatore Mancuso, quienes le solicitaron a los magistrados de la JEP el poderse cobijar con su jurisdicción para, según ellos, contribuir con el papel del alto tribunal en el camino de la verdad.
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Frente a las dos solicitudes se volvió a presentar una respuesta negativa, pues los magistrados señalan que no existen garantías suficientes que comprueben que los exjefes paramilitares puedan contribuir con la verdad para las víctimas. Así mismo, desde la JEP han señalado que debido a que estos delincuentes ya están sometidos a la ley de Justicia y Paz, una corporación que buscaba también reparar a las víctimas de las AUC.
Mientras que otros casos, como el de algunos condenados por parapolítica, delito que castigó a aquellos funcionarios públicos que tuvieron nexos económicos o políticos con los paramilitares, también han tocado la puerta de la JEP para verse cobijados con sus penas restaurativas, recibiendo en su mayoría una respuesta similar a la de los ex’paras’, un no.
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Este es el caso de la condenada Enilce López, alias ‘La Gata’, hallada culpable por aportar ilegalmente a la campaña de la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2006, o del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, quien fue condenado por sus nexos con el desaparecido paramilitar alias ‘Cadena’ en el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz, y múltiples masacres perpetradas en el municipio de Ovejas, Sucre.
