Foto: Archivo referencial
Desde el mediodía de este sábado, el juzgado 29 penal municipal con función de control de garantías informó que debido a petición del representante de la Fiscalía General de la Nación, se había cambiado la audiencia en contra de los uniformados destituidos de la Policía Metropolitana por la muerte del ciudadano Javier Ordóñez de carácter público a privado, lo cual generó más dudas que certezas.
Según el documento que entregaron desde el despacho encargado, se asegura que tanto la delegada del Ministerio Público, como el abogado de las víctimas y la bancada de la defensa de los uniformados procesados aceptaron la solicitud.
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Pero ¿cuál fue el argumento que presentó el fiscal encargado en Derechos Humanos y que aceptó el togado? Se trata del artículo 18 de la Constitución:
“Casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervenientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derechos del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación”, reza el artículo.
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Debido a esta determinación, la opinión pública y los medios de comunicación se han venido enterando de lo que sucede de puertas para adentro tras las notificaciones que entrega la prensa de la rama judicial, tal y como sucedió con el hecho de que ninguno de los presuntos asesinos aceptó los cargos en su contra.
Asimismo, solicitaron a la jueza encargada que pudiera darles pista en la Justicia Penal Militar.
El ciudadano Javier Ordóñez, según el reporte de Medicina Legal que se conoció en las últimas horas, falleció a causa de una hemorragia interna, provocada a su vez por el estallido de su riñón derecho. Para conocer los detalles sobre la notificación en la que se confirmó que la audiencia pasaba de pública a privada, a continuación podrá conocerlo.
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