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El pasado miércoles se generó una gran polémica debido a que un juez se negó a casar a dos mujeres, argumentando que su creencia religiosa le impedía realizar este acto y que buscaba proteger la “moral cristiana” que lo representa sobre su papel como togado.
Debido a ese hecho, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina Botía envió una carta al presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bolívar solicitando que se inicie una investigación contra el juez Décimo Civil Municipal de Cartagena, Ramiro Eliseo Flórez.
La misiva enviada por la presidenta del Consejo Superior dice que es de carácter prioritario que se inicie la investigación contra el togado y se evalúe la eventual comisión de faltas disciplinarias.
Remolina señala que “las decisiones judiciales han de fundamentarse en derecho como garantía y protección del derecho de acceso a la administración de justicia de todos los ciudadanos”.
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Por otro lado, las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGTBIQ, aseguran que la decisión tomada por el juez Flórez es una clara violación a la sentencia SU-214 de 2016, en la cual la Corte Constitucional aprobó en 2016 el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y que las personas que quieran hacerlo podrán dirigirse a las notarias y juzgados y podrán casarse sin ningún tipo de discriminación ni rechazo y con las mismas formalidades y requisitos que un matrimonio heterosexual.
