La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó que la situación “es crítica” para los excombatientes de la guerrilla de las FARC en 10 municipios de los departamentos De Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander.
“Existe un contexto de alto riesgo para los miembros de las extintas FARC-EP que aportan verdad en los siete macrocasos que investiga actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz”, detalló en un comunicado el alto tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC en 2016.
Según el Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la situación es difícil en los municipios de Caloto, Santander de Quilichao, Miranda y Corinto, en Cauca; Tumaco, en Nariño; Puerto Asís, en Putumayo; San José del Guaviare, capital del Guaviare, y San Vicente del Caguán, en el Caquetá.
Igualmente lo es en Cali, capital del Valle del Cauca, principal ciudad del suroeste de Colombia y la tercera urbe más poblada del país.
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Allí hay “un alto índice de afectaciones contra los exFARC y son, simultáneamente, las zonas donde se han asentado varios comparecientes que vienen rindiendo cuentas a la JEP”.
Igualmente la UIA alertó que aún persisten los hechos violentos contra quienes asumieron roles de liderazgo tras la firma del acuerdo de paz.
“Este patrón demuestra cómo las posiciones de liderazgo que asumieron algunos reincorporados durante su tránsito a la vida civil están relacionadas con las causas que produjeron su victimización”, recalcó la UIA.
Además, añadió que dos de cada diez asesinados “ejercían liderazgo en temas políticos, asociados a proyectos productivos, representantes de cooperativas o encabezando procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito”.
Es por ello que la JEP volvió a asegurar que “si la variable temporal de homicidios a reincorporados continuaba, se podría llegar a la cifra de 1.600 crímenes al finalizar el año 2024”.
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El lapso entre el 14 y 21 de abril de este año fue uno “de los más letales para los excombatientes desde la firma del acuerdo final de paz”, pues fueron asesinados siete exguerrilleros en cinco departamentos.
Esos excombatientes eran Fayber Camilo Cufiño Mondragón, Yeison Ayala Ruiz y John Sebastián Ávila Romero, asesinados en Meta; Adolfo Rodríguez, en Arauca; Luis Fernando Córdoba Hurtado, en Chocó; Mayiber Tapias, en Antioquia, y Wilmer Enrique Álvarez Medina, en Caquetá.
El presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, insistió en que se debe implementar “de manera decidida el acuerdo de paz” y “desarrollar políticas más robustas de protección para líderes sociales y excombatientes de las FARC”.
