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El Gobierno colombiano aseguró este miércoles que ha actuado “con diligencia” para proteger a los exguerrilleros de las Farc que dejaron las armas y se acogieron al acuerdo de paz, mientras ese partido insiste en que hay un “genocidio” contra sus militantes.
Las posiciones de unos y otros fueron expuestas en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó al alto Gobierno y a las Farc sobre la violencia contra los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz firmado hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016.
Según cifras de partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ya son 243 los desmovilizados asesinados desde la firma de la paz.
Por eso, la Farc acusó a la administración del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener “el desangre” que los afecta.
En ese sentido, la senadora por el partido Farc Victoria Sandino denunció en la audiencia que la desmovilizada Paola Andrea Osorio fue asesinada ayer, día en que se cumplían cuatro años de la firma de la paz, cerca a Quibdó, capital del selvático departamento del Chocó.
“Lo que viene sucediendo (…) es extremadamente grave, cada semana se registran entre uno o dos asesinatos en contra de nuestra colectividad, sin que el Estado reaccione de manera efectiva”, dijo la senadora.
El delegado del partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape, también cargó fuerte contra al Gobierno e incluso habló de “genocidio” contra los desmovilizados.
Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, salió al paso de las críticas y aseguró: “Actuamos con gran diligencia y compromiso y decisión ante quienes atacan a esta población”.
“Ni el narcotráfico ni los criminales que los atacan frenarán el proceso de reincorporación de los excombatientes que le apostaron a la legalidad”, manifestó el funcionario.
Igualmente dijo que el Gobierno le ha pedido a la Farc que suministre información para “fortalecer así los mecanismos de protección” y que todas las instancias del Estado trabajan articuladamente en la prevención, protección y seguridad de los exguerrilleros dentro y fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Efe
