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El miércoles pasado se conoció que el magistrado César Augusto Reyes, quien elaboró el escrito con la solicitud de medida aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, tuvo un contrato con la Presidencia del gobierno de Juan Manuel Santos en una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, contrato que ha generado interrogantes.
Según los documentos, Reyes era socio y representante legal de Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores Ltda, firma que fue contratada por el Fondo de Programas Especiales para la Paz. El contrato tenía como objetivo establecer la situación jurídica y el estado de salud en aquellas personas que figuraban en los listados de presos de las Farc.
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Este contrato ha generado interrogantes, por tal razón, los congresistas del Centro Democrático advierten que el magistrado debe ser investigado, pues consideran que es evidente que hay un sesgo político en el proceso jurídico de Álvaro Uribe.
Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra dijo “Un magistrado no solo debe ser, también debe parecer y en este caso lo que vemos es que sí hay un sesgo político, que al presidente Álvaro Uribe no se le dieron todas las garantías procesales, no tuvo la presunción de inocencia, se amañaron las filtraciones de los expedientes”
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A esta opinión, se le sumó el representante Edward Rodríguez, quien señaló que la Corte Suprema de Justicia debe explicarle al país si tenía conocimientos de estos contratos.
“Muy grave que el Magistrado Reyes no le haya dicho al país de sus vínculos contractuales con el gobierno de @JuanManSantos que podrían constituir una instrumentalización a la justicia para venganza política y una falta a la trasparencia” afirmó el representante
