Foto: Archivo
El pasado 19 de enero Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Velez, presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que pide que se le quite la condición de “imputado” al exsenador, dentro del proceso que se adelanta en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
De acuerdo con Granados, cuando el juez cuarto penal del circuito de Bogotá aseguró que a Uribe ya se le habían imputado cargos por su llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, el jurista se expresó sobre aspectos que no tenían “su competencia”, incumpliendo de esta manera con las garantías básicas del debido proceso.
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Ante esta acción judicial, Rodrigo Villalba, defensa del senador Iván Cepeda, víctima del caso, pidió que se declare la tutela como improcedente, pues argumentan que Uribe, antes de haber interpuesto la acción, debió agotar otros mecanismos que tiene a disposición dentro del proceso penal.
“La tutela tiene carácter residual y subsidiario, lo que implica que para acudir a esta acción es menester que el accionante haya agotado todos los medios y recursos judiciales”.
Se lee en la respuesta a la tutela.
Asimismo, la defensa del senador señala que no le corresponde a un juez constitucional decidir si hubo o no imputación de cargos.
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Igualmente, Villalba señala que la tutela tiene una característica de inmediatez, por lo que no entienden por qué Uribe la interpuso dos meses después de que se diera el hecho.
Por último, en la contestación se menciona que la tutela interpuesta por el expresidente busca desestabilizar el proceso que se lleva hasta el momento.
