Foto: Ministerio del Interior
En la Plenaria de la Cámara de Representantes del pasado miércoles, donde se citaron a diferentes integrantes del Gobierno Nacional para la discusión sobre la protección que existe sobre los líderes sociales, contrarrestado a la ola de violencia que se viene presentando en contra de estos actores, los parlamentarios denunciaron la falta de asistencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Sin embargo, ante los oídos de los legisladores estuvo la jefa de la cartera del Interior, Alicia Arango, quien habló de la labor que se viene realizando para mejorar la seguridad y fortalecer los planes de trabajo de los líderes sociales en el país.
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Frente a este panorama, la funcionaria presentó un balance sobre lo que ha hecho su ministerio para enfrentar las múltiples denuncias que se emprenden desde diferentes zonas del territorio colombiano, reconociendo que sí existe un alza de actos de violencia en contra de defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
“Ministerio del Interior es un coordinador en el tema de las alertas tempranas y no ha dejado de coordinar ninguna de las que han llegado a la entidad (…) Estamos para atender todas las denuncias que se presenten contra nuestros líderes sociales. Y ellos así lo están sintiendo, así nos lo están expresando”, manifestó Arango.
Estas declaraciones se hicieron previo a que presentara el testimonio de un par de líderes sociales que corroboran la labor del Gobierno Nacional para atender las posibles afectaciones en contra de su integridad de manera temprana.
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No obstante, la vocería de Alicia Arango se vio contrarrestada por una anuncio que hizo poco después dentro del debate. Siendo en referencia a la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) dentro de este panorama de violencia contra los líderes sociales en el país.
“Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se presentaron 6.765 solicitudes de protección por parte de líderes sociales y solo 1.093 fueron admitidas para iniciar la ruta de protección”, reconoció la funcionaria.
Esto significaría entonces que tan solo el 16% de las solicitudes realizadas por los líderes sociales en el país fueron otorgadas por parte de la UNP. Hecho que fue fuertemente cuestionado por congresistas como la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, quien tildó a la entidad de “inepta”.
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