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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó este viernes que las violentas protestas en las que murieron 13 personas el 9 y 10 de septiembre pasados en la capital colombiana y la localidad vecina de Soacha no fueron organizadas por ningún grupo armado ilegal.
“En Bogotá no ocurrió una toma guerrillera, ni esto fue planeado por un grupo armado ilegal. Esto fue una reacción masiva, espontánea y desafortunadamente violenta contra un fenómeno injusto, inadmisible, en cualquier democracia, que es el de abuso policial”, expresó López en un encuentro con prensa internacional.
Esas violentas protestas las desató la muerte de Javier Ordóñez, un hombre que fue sometido brutalmente por dos policías con el uso repetido de una pistola eléctrica Táser durante su arresto en Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre.
Según el Gobierno Nacional, en las manifestaciones hubo infiltrados de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidentes de las FARC que provocaron actos vandálicos.
“GEORGE FLOYD COLOMBIANO”
La alcaldesa de Bogotá comparó el caso de Ordóñez con el del afroamericano George Floyd en Mineápolis (EE.UU.), quien fue estrujado hasta la muerte por policías de esa ciudad a pesar de su pedido: “No puedo respirar”.
“Recientemente, y dolorosamente, tuvimos el caso que yo denominaría el George Floyd colombiano, ese caso que termina siendo la gota que derramó la copa de un fenómeno estructural, sistemático, acumulado y doloroso de abuso policial, sobre todo de impunidad frente al abuso policial”, expresó López.
Agregó: “Como el caso de George Floyd, claramente no fue el primero ni el último, pero fue el caso que derramó la copa y que produjo una ola de protestas desafortunadamente violentas en muestra al cansancio de ese fenómeno”.
La alcaldesa insistió en que esto es “lo más grave que le ha pasado a Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia” el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio situado en la céntrica Plaza de Bolívar y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de las altas cortes.
El Ejército retomó a sangre y fuego el edificio, acción que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
“Bogotá no había vivido una de violencia contra una infraestructura estatal, en su momento el Palacio de Justicia, ahora los CAI (Comandos de Acción Inmediata de la Policía). Bogotá tiene 156 CAI, 75 fueron vandalizados, casi la mitad, y fue una ola de rechazo ciudadano desafortunadamente violento contra un fenómeno que es el de abuso policial”, expresó.
SIN RESPUESTA DE LA POLICÍA
López entregó al presidente colombiano, Iván Duque; a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría una hora y media de videos y 119 denuncias de ciudadanos que manifiestan ser víctimas de agresión policial o de disparos durante las manifestaciones.
“Hay evidencia clara (…) de que algunos miembros de la Policía dispararon indiscriminadamente contra manifestantes en por lo menos 15 barrios de Bogotá. Hoy es 2 de octubre y ni la Alcaldía ni la Procuraduría hemos logrado que la Policía Nacional nos entregue siquiera el reporte de quiénes usaron las armas de fuego”, expresó.
Añadió: “Según el protocolo de la propia Policía, un policía tiene el deber de informar en 24 horas si usó o no su arma de fuego, más ahora si al usarla causó algún herido o fallecido, eso ordena el protocolo vigente de la Policía Nacional, pero tener ese reporte era cuestión de 24 horas. Vamos en el 2 de octubre y no hemos logrado que la Policía entregue ese reporte a nadie”. EFE
