El pasado lunes la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó la restricción para las movilizaciones programadas para este miércoles debido al aumento de contagios de Covid-19.
De acuerdo con el fallo, se prohibían las concentraciones hasta que el país lograra la inmunidad de rebaño o que estas fueran aplazadas hasta el 2 de mayo.
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Esto generó una gran polémica, a través de las redes sociales varios usuarios manifestaron que era un atropello en contra de sus derechos fundamentales.
Por ello, varios abogados y defensores de Derechos Humanos enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se suspenda la medida judicial y se ordene al Estado Colombiano de que se abstenga de “imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos a la libertad”.
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Según argumentan los firmantes “las medidas adoptadas privan a la sociedad de defender sus derechos humanos, siendo claro el desconocimiento y el menosprecio” de estos.
Por ello, se pide a la CIDH que se adopten medidas cautelares que ayuden a garantizar “la vigencia y respeto de los derechos” de los ciudadanos.
