Durante el foro ‘La Crisis de Hacinamiento Carcelario: Avances y Retos para su Superación”. el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario; a lo largo de este foro, citó a autoridades del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, el INPEC y la USPEC.
“La crisis carcelaria, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, dijo el Defensor del Pueblo.
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En los próximos días, de manera particular, la Defensoría del Pueblo dará a conocer un informe sobre las condiciones de derechos humanos y hacinamiento en los centros de detención transitoria de todo el país, para que las autoridades competentes tomen medidas urgentes sobre este asunto.
Igualmente, Camargo señaló que hoy en día se necesita una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, “Necesitamos una política criminal seria y coherente, que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad a la ciudadanía pero sin descuidar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad“.
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El hacinamiento tanto en los centros de detención como en las cárceles y penitenciarías repercute negativamente en todos los aspectos de la vida y dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
Esta problemática impide el acceso efectivo a los servicios básicos como la prestación del servicio de salud, a procesos de rehabilitación y reinserción social, la calidad de la alimentación que reciben y la existencia de espacios habitables adecuados que garanticen condiciones de salubridad.
A juicio de Carlos Camargo, “Es por esta razón que urge una reforma al sistema penitenciario y carcelario que le asegure a la ciudadanía que las funciones de custodia y vigilancia respecto a las personas privadas de la libertad se cumplan con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga”.
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De acuerdo con los recientes datos de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad, los índices de hacinamiento en los centros de reclusión a cargo del INPEC se elevan a un 20,6%, lo que representa una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, para la capacidad de cupos que asciende a 80.647.
