Los líderes sociales buscan que el Estado les garantice su seguridad ante el incremento de la violencia en el país
La Corte Constitucional convocó este jueves una audiencia pública con líderes sociales y organizaciones que sienten que sus derechos están siendo vulnerados por la indefensión del Estado ante el aumento de la violencia contra ellos.
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“La violencia contra líderes y lideresas es gravísima por su intensidad y por su impactos, pues no solo viola los derechos a la vida y su integridad de líderes y lideresas, sino el derecho a defender derechos e impacta muy negativamente a sus comunidades”, consideró durante la audiencia el director del centro de estudios DeJusticia, Rodrigo Uprimny, que actúa como accionante de una de las tutelas sobre el tema presentada al alto tribunal.
La Corte Constitucional estudia nueve acciones de tutela de líderes y defensores contra varias autoridades estatales, como la Presidencia, los ministerios de Interior y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección (UNP), porque consideran “vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran”.
“Los accionantes alegan (…) que en su mayoría los líderes no cuentan con la protección de la UNP y si cuentan con medidas ofrecidas por el Estado no han resultado suficientes dado que la amenazas no disminuyen”.
Resumió el magistrado ponente, José Fernando Reyes.
De 2012 a 2021, ONU-Derechos Humanos ha verificado los homicidios de 867 personas defensoras vinculados a su labor de defensa de derechos humanos, según expuso la propia representante en Colombia de esta oficina, Juliette de Rivero.
El aumento “ha sido progresivo”, dijo la representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien explicó que se pasó de 61 en 2016 a 84 en 2017 y a 115 en 2018.
Los años siguientes se mantuvieron en torno al centenar, aunque los “casos registrados por ONU-Derechos Humanos son solo una muestra del fenómeno de violencia en contra de personas y, por lo tanto, no pueden interpretarse como un reflejo exhaustivo y completo”.
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“La muerte de cada persona defensora de derechos humanos es una tragedia para Colombia y para su comunidad”, aseguró De Rivero, quien apuntó que “los ataques a defensores se dan para debilitar la capacidad organizativa y de resistencia de las comunidades frente a los actores armados, que quieren controlar y despojar el territorio”.
Uprimny incidió en que “esta situación no ha mejorado durante el Gobierno de Iván Duque, pues no solo esta violencia persiste sino en algunos aspectos ha empeorado”.
Otro de los accionantes, el líder social Fabián Laverde, añadió que “es necesario resaltar que existe una política de estigmatización, judicialización y alta militarización de los territorios” donde la protesta social “ha recibido un tratamiento de guerra”.
Por ello, piden medidas más efectivas para defender los liderazgos sociales y a las personas en los territorios, que se ven amenazadas por grupos armados -guerrilleros y paramilitares- pero también por las fuerzas de seguridad.
“ONU Derechos Humanos ha constatado que el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios no ha logrado frenar la expansión y violencia de los grupos armados no estatales”, subrayó la representante de la ONU, quien llamó a “reforzar la presencia integral de las instituciones del Estado”.
Justamente esta semana representantes de varias organizaciones de toda Colombia llegaron a Bogotá para denunciar “la dramática situación” que afrontan las comunidades, expuestas a “homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, masacres, amenazas, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento forzado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, entre otros.
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“Nos preocupan los constantes enfrentamientos y ataques en los cuales se ve afectada la población civil, el aumento del 621 % de la violencia en el país, el incremento de ésta de cara a las próximas elecciones, el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, el problema del paramilitarismo y la persistencia del conflicto armado en Colombia”, explicaron en un comunicado de la Agenda Humanitaria.
Allí pidieron mecanismos diferenciales, acordados con las organizaciones, para proteger a la población civil. Efe
