Foto: @SandinoVictoria
A través de su cuenta de Twitter, la senadora del partido Comunes, Judith Simanca Herrera, más conocida como Victoria Sandiano, publicó una carta titulada “La Rebelión no es un Crimen de Guerra’ y que también está firmada por el congresista Israel Zúñiga Iriarte, donde aseguran que el levantamiento en armas hecho por las FARC, se debe a una decisión política y que está contemplada dentro del derecho a la rebelión consagrado en los DDHH de la ONU.
En ese sentido, los senadores y exintegrantes de las Farc, manifiestan que sus acciones siempre fueron dirigidas en busca de “construir soluciones sociales”. Sin embargo, los congresistas aseguraron que con estos argumentos no buscan desconocer los “hechos” que realizaron durante el conflicto armado.
“Nuestro actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de las comunidades. No pretendemos desconocer hechos, pero si que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia de la armada de las FARC-EP”.
En la misiva se expresa que las armas no fue la primera opción que tuvieron, pero, según los congresista, fue la opción que estuvieron obligados a tomar como consecuencia de la “ausencia de reformas sociales y garantías democráticas” que, de acuerdo con ellos, siguen estando ausentes hoy en día.
“Lamentamos el dolor sufrido por todo el pueblo colombiano durante esta larga confrontación. Estamos plenamente comprometidos con el reconocimiento y reparación integral de las víctimas y todas las personas afectadas en el contexto del conflicto armado”.
Frente a estos argumento, Sandino y Zúñiga aseguran que las “Farc fue una organización rebelde” contra el Estado, pero que no puede ser catalogado como un “aparato criminal”, por tanto, los parlamentario enfatizan que las calificaciones y categorías jurídicas empleadas frente a los hechos del conflicto atribuidos deben, según ellos, reconocer con esta realidad, reconociendo el delito político y su más amplia conexidad.
“Las FARC-EP fue una organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un Acuerdo Especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal, una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamas este reconocimiento formal”.
Por último, en la misiva los parlamentarios le hacen un llamado a la Misión de la ONU, a Cuba y Noruega, países garantes, “a los notables internacionales del Acuerdo Final, José Mújica y Felipe González”, para que se unan fuerzas en busca de que los “desarrollos del SIVJRNR correspondan al espíritu de lo firmado”.
