La violencia volvió a ser una amenaza para la prensa colombiana por el asesinato, las amenazas y la exposición a múltiples riesgos que sufrieron los comunicadores, según el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado el pasado miércoles.
“Este periodo registró severas restricciones al trabajo periodístico, especialmente en la frontera colombo-venezolana, la muerte de un periodista, la prescripción de varios asesinatos ocurridos en el 2000, y amenazas legales respecto a la imposición del derecho a la honra por sobre la libertad de expresión”, detalló el estudio presentado en la reunión de medio año de la SIP.
El informe reseñó el asesinato del periodista judicial del periódico Q’hubo, de la casa editorial El País Andrés Felipe Guevara, quien falleció a los 27 años el pasado 23 de diciembre tras recibir cuatro disparos en un atentado.
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La SIP recordó además el retiro de los representantes del Estado colombiano de la audiencia de hace un mes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de un secuestro y agresión sexual en el año 2000, un hecho por el que entonces la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación.
El periodo analizado representó además un riesgo por las amenazas contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurisatti, por parte de alias “Jesús Santrich”, de las disidencias de las FARC; así como por las intimidaciones que recibieron los comunicadores Arlex Piedrahita, Mario Manuel Ubarnes, y Omar Martínez.
La SIP encontró además que luego de que en enero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares a favor del periodista de investigación Ricardo Calderón, “el Estado colombiano no ha implementado acciones que garanticen su vida e integridad”.
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Algunas de las agresiones hacia la prensa también las sufrieron Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, periodistas venezolanos y corresponsales del medio NTN24, quienes fueron detenidos ilegalmente junto a dos miembros de la ONG FundaREDES, durante casi veinte horas por la Guardia Nacional Bolivariana en marzo pasado mientras cubrían “la escalada de violencia en la frontera colombo-venezolana”.
Pese a los hechos que amenazaron el trabajo de los periodistas, la SIP valoró que el Gobierno colombiano iniciara la reglamentación para financiar proyectos de transformación digital de los medios de comunicación, una iniciativa para impulsar la recuperación económica de las empresas periodísticas afectadas por la pandemia del coronavirus.
