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Hace cuatro años el Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, un sueño que hoy parece lejano por el asesinato de 243 exguerrilleros y la posibilidad creciente de un nuevo ciclo de guerra.
El ambicioso documento que firmaron el 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos y el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, contiene objetivos de transformación social profunda, incluida una reforma rural, que hasta el momento no han tenido mayor desarrollo.
Otra amenaza se cierne sobre uno de los pilares del acuerdo: las propuestas del partido de Gobierno, el derechista Centro Democrático, para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga y juzga los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
“Estamos llegando al límite objetivo (para que se quiebre la implementación) que son las cifras de líderes (sociales) y excombatientes asesinados y la posición muy agresiva contra lo que queda del acuerdo por parte del partido de Gobierno, que es el intento de destruir el aparato de justicia transicional”, manifestó el investigador Francisco Gutiérrez Sanín.
Sin embargo, el Gobierno señala que la reincorporación va bien y que hay vigentes, por ejemplo, 1.686 proyectos productivos individuales y colectivos que benefician a cerca de 5.000 excombatientes y en los cuales el Gobierno ha invertido 40.000 millones de pesos (unos 11 millones de dólares).
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Desde que se firmó el acuerdo de paz han sido asesinados al menos 243 excombatientes, según la cuenta que lleva el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla.
Entre tanto, los asesinatos de líderes sociales siguen creciendo y desde noviembre de 2016 son cerca de un millar, de los cuales 96 fueron cometidos durante el primer semestre de este año, según denunció el programa no gubernamental Somos Defensores en su informe semestral titulado “El virus de la violencia”.
Ante esta situación, centenares de exguerrilleros de distintas partes del país llegaron a Bogotá el mes pasado y a principios de noviembre se reunieron con el presidente colombiano, Iván Duque, para tratar directamente con él el problema de la violencia.
“No hay fisuras ni ánimo distinto en el propósito de hacer todo lo que está al alcance legal de las entidades del Estado para ese proceso de protección (…) Estamos en la más firme actitud de actuar y aún en los casos de homicidios se hacen todos los esfuerzos para capturar y judicializar a los responsables”, expresó el pasado 11 de noviembre el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
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El pasado 15 de octubre la senadora Milla Romero, del Centro Democrático, radicó en el Congreso colombiano un proyecto de acto legislativo para derogar la JEP, creada a instancias del acuerdo de paz.
Tres días antes el expresidente Álvaro Uribe, crítico severo del acuerdo de paz, insistió en la propuesta de impulsar un referendo para acabar ese tribunal, tema que hoy sigue sobre la mesa.
Incluso en su primer año de Gobierno el presidente Duque hizo seis objeciones a la ley que reglamentaba el funcionamiento de la JEP, que al final no prosperaron porque la Corte Constitucional ordenó al mandatario firmar el proyecto tal como estaba al considerar que los reparos que hizo fueron rechazados por el Congreso.
A pesar de eso, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue en pie e investiga siete “macrocasos” y dentro de ese proceso ha logrado, con la ayuda de otras entidades estatales y declaraciones de los actores del conflicto, encontrar los cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto y devolverlos a sus familiares. Efe
