La Justicia francesa abrió este martes una investigación por las amenazas de muerte recibidas por algunos diputados que defienden la estrategia del Gobierno para generalizar la vacunación y extender el uso del certificado sanitario para actividades corrientes de vida social.
La Fiscalía de París indicó a Efe que la investigación se ha iniciado por el cargo de “amenazas de muerte contra personas investidas de un cargo público”.
Según la Fiscalía, el procedimiento es resultado de las denuncias de algunas de las personas afectadas – de las que no dio nombres – y de la solicitud que le envió el presidente de la Asamblea Nacional, Richard Ferrand.
Miembros del partido presidencial, La República en Marcha (LREM), han publicado en las redes sociales algunos de esos mensajes que han recibido.
Ferrand ya explicó el pasado jueves que las amenazas eran consecuencia de la posición de los parlamentarios en apoyo a “la estrategia de vacunación” que había presentado tres días antes el presidente francés, Emmanuel Macron.
Esa estrategia, que se ha concretado en un proyecto de ley aprobado este lunes por el Gobierno que inicia mañana, por un procedimiento de urgencia, su tramitación parlamentaria en la Asamblea Nacional, tiene tres puntos principales.
El primero es la obligación de haberse vacunado el 15 de septiembre para que pueda seguir trabajando a partir de esa fecha el personal sanitario y los profesionales que tratan de forma cotidiana con personas vulnerables. Los que incumplan podrán ser primero suspendidos de empleo y sueldo y luego incluso despedidos.
La imposición del certificado sanitario se extiende desde el miércoles a los museos, a los cines, a los teatros o a cualquier evento con más de 50 espectadores; y desde comienzos de agosto al transporte público de largo recorrido, a los grandes centros comerciales, a las visitas de hospitales y residencias e incluso a los clientes de bares y restaurantes.
Los trabajadores de las empresas e instituciones en las que se requiera el certificado sanitario también deberán presentarlo, aunque se les dará de plazo hasta finales de agosto. Eso significa que para seguir trabajando tendrán que tener finalizada la pauta de vacunación, una prueba de haber superado la enfermedad en los últimos seis meses o disponer de un test negativo de menos de 48 horas.
Los responsables de esos negocios y de esos organismos serán los responsables de garantizar el respeto de esa regla y en caso de no hacerlo se expondrán a multas de 1.500 euros para las personas físicas y 7.500 para las jurídicas.
En caso de reincidencia las sanciones podrán llegar a un año de cárcel y 9.000 euros de multa para las primeras y a un año y 45.000 euros para las segundas. Efe
