La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha pedido a un tribunal de Cabo Verde que revise y archive la causa de su extradición a Estados Unidos, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, informaron este martes sus abogados.
En un comunicado, el equipo legal de Saab -detenido en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de EE. UU.- señaló que ha presentado una solicitud ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, en la isla septentrional de San Vicente, argumentando una violación del principio “ne bis in idem”, que estipula que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo delito.
Este principio está consagrado en la Constitución de Cabo Verde y en la ley de cooperación judicial internacional en materia penal de este país insular de África occidental, indicó el abogado caboverdiano José Manuel Pinto Monteiro, firmante del comunicado.
Según los abogados, la solicitud se basa en un “hecho sobrevenido importante”, pues la Fiscalía de Ginebra (GPP) terminó a principios de este año una investigación de tres años sobre las acusaciones de blanqueo de capitales que pesaban contra Saab, tras concluir que no existían pruebas para apoyar las acusaciones.
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“No sólo se puso fin a la investigación sin cargos, sino que la GPP también aceptó pagar una indemnización a Saab, lo que, según la legislación suiza pertinente, equivale a una absolución”, arguyó Pinto.
Además, “una parte importante de los fondos recibidos en Suiza y que han desencadenado la investigación se recibieron de empresas vinculadas al mismo programa venezolano de viviendas sociales que está en el meollo de la acusación de (un tribunal de) Miami contra Álex Saab del 25 de julio de 2019 y que ha servido de base para la solicitud de extradición realizada por Estados Unidos a Cabo Verde”.
Con esos argumentos, los abogados han pedido al Tribunal de Barlavento que examine “este importante hecho sobrevenido y archiven la causa de extradición” contra Saab.
INTENTOS LEGALES FALLIDOS
La nota se emitió después de que el pasado día 8 la defensa informara de que presentó una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Cabo Verde de aprobar este septiembre la constitucionalidad de su extradición a Estados Unidos.
Con su fallo, el TC dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab.
Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.
El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, respondiendo así a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.
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Tras su detención, Venezuela aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Nicolás Maduro.
Según las autoridades estadounidenses, el empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con “cientos de millones de dólares”.
El pasado día 7, la Fiscalía de Estados Unidos pidió más tiempo para contestar una apelación presentada por Saab.
En enero pasado, la defensa del empresario interpuso una moción para anular la orden de un tribunal de Miami (EE. UU.) que lo considera “prófugo de la justicia” estadounidense y desestimar la acusación por lavado de dinero. EFE
