La Contraloría General de la República reportó posibles irregularidades en la asignación y pago de los subsidios que otorga el Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) por más de $32.000 millones de pesos.
Los aportes administrados por las cajas de compensación se dan por una sola vez al beneficiario como complemento de su ahorro para comprar o construir una vivienda de interés social o para el mejoramiento del inmueble.
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En un cruce de datos realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, se evidenció que hay 220 personas que tienen más de un subsidio FOVIS, estos casos se presentan en 7 cajas de compensación a nivel nacional y que suman recursos por más de $ 13.000 millones con corte al año 2020.
Al revisar la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), identificó que 220 personas fueron beneficiadas por 19 cajas de compensación con el subsidio FOVIS aún reportando propiedades a nivel nacional. Se estima que esta presunta irregularidad es de aproximadamente $ 7.000 millones.
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Además se halló que una persona ya fallecida aparecía favorecida con un subsidio equivalente a $26.334.090 retribuidos por la caja de compensación, tras el cruce de datos con la registraduría Nacional.
Adicional a estas irregularidades se encontró el pago del FOVIS a 272 personas con ingresos superiores a 4 salarios mínimos mensuales, asignaciones irregulares que suman en total $5.285 millones y el doble pago de subsidios que 34 cajas de compensación hicieron a personas que habían sido beneficiadas con otros subsidios del Ministerio de Vivienda, arrojando 273 casos detectados y cerca de $7.242 millones.
Según informó la Contraloría, las cajas de compensación (a las que se le hizo un llamado de atención) administran los subsidios FOVIS, disponiendo alrededor de 1 billón de pesos con los que se asignan más de 52.000 subsidios en todo el territorio nacional, de acuerdo con los requisitos de postulación definidos por el Ministerio de Vivienda.
La mayoría de los reportes y alertas generadas por la Contraloría se concentran en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca y Cundinamarca.
