La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del líder social y comisionado de la Verdad, Leyner Palacios, y le pidió al Estado colombiano garantizar la seguridad de él y de su familia.
La CIDH emitió una resolución el 1 de junio pasado “tras considerar que la situación reunía ‘prima facie’ (a primera vista) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”, pero notificó la decisión mediante un comunicado.
“Al momento de realizar la valoración, la Comisión consideró el rol que ejerce actualmente Leyner Palacios en el contexto del país. Luego de solicitar información al Estado, la Comisión consideró la implementación de una serie de medidas de protección a favor del señor Palacios y su familia. No obstante, se identificaron una serie de indicios de falta de efectividad del esquema de protección, así como la continuidad de eventos de riesgo en contra el beneficiario”, dijo el organismo americano en su nota de prensa.
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Dado lo anterior, la Comisión hizo cuatro solicitudes al Estado colombiano. La primera es adoptar las medidas necesarias “con el correspondiente enfoque étnico y de género” para proteger los derechos a “la vida e integridad personal” de Palacios y su núcleo familiar.
“En particular, el Estado deberá asegurarse de que las medidas de protección implementadas sean lo suficientemente eficaces y adecuadas, a la luz de los riesgos identificados en la resolución y respondiendo las falencias señaladas”, precisa la CIDH.
La segunda solicitud es adoptar “medidas de protección que resulten necesarias para que Palacios pueda seguir realizando sus actividades en defensa de los derechos humanos sin ser objeto de eventos de riesgo en su contra”.
La tercera, es que “concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes”, y la cuarta y última tiene que ver con un informe sobre las acciones adelantadas para “investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición”.
El 11 de julio de 2020, la Comisión recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), en la que pedían que el organismo requiriera a las autoridades colombianas acciones de protección para Palacios.
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En dicha solicitud se señalaba que el líder social y sobreviviente de la masacre de Bojayá (2002) enfrentaba una situación de riesgo “dado su particular perfil” y por las labores “que viene realizando en materia de defensa de derechos humanos” en el contexto actual de violencia tras la firma de los Acuerdos de Paz, en noviembre de 2016.
En marzo pasado, el escolta de Palacios, Arley Enrique Chalar Rentería, fue asesinado en un concurrido sector de la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca, al suroccidente del país. Este hecho fue condenado por la Comisión.
Solo en 2021, la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta 74 líderes sociales asesinados. Pero desde 2016, según datos de abril de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el número de defensores de derechos humanos asesinados asciende a 904.
