Keiko Fujimori se enteró, desde la sede policial donde permanece detenida desde el miércoles, que la Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó sus recursos para archivar la investigación por lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema negó a Fujimori y al opositor partido fujimorista Fuerza Popular, que ella lidera, el archivo de las investigaciones que solicitaron por considerar que habían excedido el plazo máximo permitido.
El tribunal determinó que la investigación empezó el 8 de marzo de 2016 y terminará el 7 de marzo de 2019, después de que el fiscal contra el lavado de activos a cargo del caso, José Domingo Pérez, ampliara el plazo a 36 meses por su complejidad y lo catalogara como crimen organizado.
Dada la complejidad del caso, “es un tiempo razonable”, remarcó la jueza Elvia Barrios, presidenta de la Sala Penal Permanente del tribunal supremo.
El recurso estaba previsto que lo resolviera inicialmente la Segunda Sala Penal Transitoria que presidía el juez César Hinostroza, destituido e inhabilitado por diez años al ser el presunto cabecilla de una trama de corrupción judicial desvelada en las altas esferas de la judicatura peruana.
Las conversaciones telefónicas que destaparon esta red de tráfico de influencias, favores y prevaricación mostraron que Hinostroza se reunió antes de que su tribunal viera el recurso de Fujimori con una “Señora K” de la “Fuerza Número Uno”, apelativo que presumiblemente se refiere a Keiko.Efe
