El senador Jota Pe Hernández, cuyo nombre completo es Jonathan Ferney Pulido Hernández, radicó el 8 de mayo de 2026 una comunicación formal ante el Senado de la República en la que denunció que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá —identificado como Alexander Díaz Mendoza, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)—, activaron un plan para asesinarlo, con un presupuesto de 1.000.000 de dólares para financiar la operación criminal.
Según el documento firmado por el congresista, la Fiscalía General de la Nación le comunicó de manera oficial la existencia de esta amenaza directa e inminente. La denuncia penal radicada ante ese ente investigador lleva el número 11001600009920260276 y se encuentra actualmente en curso. El senador precisó que, desde hace 15 días antes de la radicación del escrito, delincuentes vinculados al plan habrían estado realizando seguimiento a sus desplazamientos, ubicaciones, vehículos y relaciones familiares.
De acuerdo con la comunicación enviada al Senado de la República, alias Calarcá habría designado a tres cabecillas guerrilleros para coordinar el atentado: alias John Mechas, alias Richard y alias Andrei. Estos tres individuos, según la información recibida por el parlamentario, establecieron contacto con dos organizaciones criminales —Los Turcos, del Norte de Santander, y Los Kamikazes, de Antioquia— para llevar a cabo la ejecución del plan.
El senador Jota Pe Hernández, quien fue reelegido en las elecciones legislativas de marzo de 2026 como el senador más votado del Partido Verde, describió la situación como de máxima gravedad. En su escrito señaló que ostenta una posición crítica y de oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, y que ha sido elegido en dos periodos consecutivos como el tercer senador más votado del país, circunstancias que —a su juicio— lo convierten en objetivo del grupo armado.
La denuncia del parlamentario se suma a un patrón de amenazas contra líderes de oposición que se ha intensificado en los últimos meses. El propio senador había revelado semanas antes, en una entrevista con La Kalle, que las disidencias de las Farc habrían elaborado una lista con siete líderes políticos y que, según su relato, se habría asignado una recompensa de hasta ocho millones de dólares para ejecutar crímenes contra esos dirigentes. Entre los mencionados figuraba el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en un acto de campaña.
Jota Pe Hernández alerta sobre seguimiento a su hija menor
En declaraciones previas a medios nacionales, el senador había revelado que su hija menor fue grabada a la entrada y salida de su colegio, práctica que el congresista describió como “inteligencia criminal” y que comparó con los seguimientos que, según relató, sufrió el hijo del fallecido senador Uribe Turbay. La nueva denuncia radicada el 8 de mayo de 2026 confirma que los delincuentes habrían extendido ese monitoreo a las relaciones familiares del parlamentario.
El escrito fue dirigido directamente a la secretaría general del Senado de la República y el propio Pulido Hernández anunció que la comunicación sería remitida también a entidades como la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, entre otras instituciones estatales.
Jota Pe Hernández envió la alerta a organismos internacionales y embajadas
Además de las instituciones colombianas, el senador indicó que la denuncia sería remitida a las embajadas de Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador, Israel y Estados Unidos, así como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión de internacionalizar la alerta subraya la gravedad que el congresista atribuye a la amenaza recibida.
Qué sigue tras la denuncia de Jota Pe Hernández
La Fiscalía General de la Nación deberá avanzar en la investigación penal radicada bajo el número 11001600009920260276. Entidades como la Unidad Nacional de Protección tendrán que evaluar el esquema de seguridad del senador y su familia. En el plano político, la denuncia de Jota Pe Hernández agudiza el debate sobre la efectividad de la política de seguridad del Gobierno y la capacidad del Estado para proteger a los líderes de oposición en el país.
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