Foto: Archivo referencial
La Justicia Especial para la Paz se comprometió en una audiencia a “hallar respuestas” sobre si Empresas Públicas de Medellín hizo lo necesario para buscar a las personas desaparecidas por las Farc en la zona de influencia de la hidroeléctrica en construcción colombiana de Ituango.
“Queremos manifestar nuestro profundo deseo y empeño para que los objetivos de esta audiencia se logren y podamos avanzar en la respuesta que ustedes madres, esposas, hijas, familiares, allegados, habitantes del territorio han clamado por tanto tiempo”, dijo el magistrado de la JEP Gustavo Salazar.
A la primera parte de la audiencia asistieron autoridades de los cinco municipios del área en la que se ubica el proyecto Hidroituango, en el departamento de Antioquia.
También hubo representantes de las víctimas, las Farc, la Fiscalía, EPM, Hidroituango y la Fundación SOCYA, una entidad privada que promueve el desarrollo humano sostenible.
Según la JEP, la audiencia se llevó a cabo por la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio” colombiano en los que se sospecha que pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos, entre ellos el área de influencia de Hidroituango.
Por lo anterior, se convocó a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos del partido Farc, en el que se convirtió la antigua guerrilla, para que haga contribuciones “efectivas y prontas” y propuestas de acción para hallar a los desaparecidos.
Al respecto, la directora del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, dijo que según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la zona de Hidroituango habrían cerca de 2.765 personas desaparecidas.
“Estamos solicitando que se inicie la exhumación de cuerpos lo antes posible, en sitios alrededor de la represa en Hidroituango. Hay sitios debajo de las aguas que cada día que pasa entran en riesgo, pero también hay sitios debajo del muro de Hidroituango, que así como los vivos tienen riesgo con ese túnel, los muertos también”, manifestó Zuleta.
La central eléctrica fue declarada en emergencia en mayo del año pasado por problemas técnicos al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de EPM.
El problema comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.
Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.
La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca. EFE
