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La Justicia Especial para la Paz (JEP) vinculó a Empresas Públicas de Medellín al proceso relacionado con las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado interno en zona de influencia del proyecto Hidroituango, que se construye en el noroeste de Colombia.
Así lo informó el alto tribunal en una decisión en la que conmina a EPM a que en diez días presente la información detallada en las que se sustentó ante la JEP que “ninguno de los cuerpos sepultados en los cementerios de las localidades de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y la Fortuna (Buriticá), guardaban relación alguna con el conflicto armado”.
En octubre del año pasado la antropóloga Timisay Monsalve, de la Universidad de Antioquia, encargada del traslado de cementerios que quedarían inundados por la presa Hidroituango, reveló que 349 cuerpos fueron exhumados de los cementerios informales de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna, pero solamente 25 fueron identificados.
Los demás, según relató, permanecen guardados desde diciembre de 2017 en el Laboratorio de Antropología de esa universidad.
La JEP aseguró que EPM, a pesar de la documentación remitida “no ha entregado la información relativa a las actividades de búsqueda, prospección y exhumaciones realizadas, con ocasión del contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa Integral y EPM, específicamente, no ha remitido las bases de datos correspondientes”.
La JEP también decidió vincular a Integral S.A. (empresa dedicada a la ingeniería de consulta) al mismo trámite judicial. EFE
