En la Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que “no tiene conflicto alguno” con la Fiscalía General para tomar decisiones sobre los bienes y activos de la extinta guerrilla de las Farc.
El rifirrafe entre quien está a cargo de este caso empezó cuando la Fiscalía, afirmó que no podía entregar información de los bienes de la exguerrilla porque era información reservada, la cual fue pedida por la JEP para tomar decisión sobre imponer medidas cautelares sobre dichos activos.
El tribunal de paz explicó que no hay un conflicto de competencias sino algunos desacuerdos en la petición de la información, pues aunque la Fiscalía puede imponer extinción de dominio la JEP tiene la competencia preferente sobre dichos bienes de las Farc.
Por tanto, el tribunal de paz explicó que “Está actuando con fundamento en el principio pro víctima y conforme lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-071 de 2018, en relación con los bienes de la extinta FARC-EP, al considerarlos propiedad colectiva cuyo efecto principal es el de contribuir con la reparación de las víctimas”.
