En horas de la mañana el Senador de la República de Colombia, Iván Cepeda Castro compartió con la ciudadanía su decisión sobre imponer una denuncia penal contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por participación política.
La denuncia se formalizó el día de ayer cuando el político acudió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para radicarla bajo el delito de intervención en política descrito en el artículo 422 del Código Penal.
“Según la norma, el servidor público que utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento
Político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”, explica el comunicado.
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Allí el senador exige que se adelante una investigación a tal personaje, para esclarecer si las declaraciones públicas que ha realizado haciendo alusión al candidato a la presidencia, Gustavo Petro, forman parte de un debate de interés general o por el contrario se trata de una participación abierta en una controversia de carácter electoral.
Un documento contiene las evidencias pertinentes con respecto al caso que involucra al Fiscal, en el cómo se ha encargado de descalificar a Petro. Asimismo, indica que ha tergiversado y emitido conclusiones prontas al igual que parcializadas acerca de las propuestas que el candidato ha formulado por la coalición Pacto Histórico.
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En los acontecimientos se resalta cuando el fiscal se manifestó frente a la decisión de Gustavo Petro de no dimitir a su curul en el Senado de la República, así como tampoco a la columna escrita en calidad de fiscal general de la Nación, “Nada de perdón social”publicada hace poco en el medio El Tiempo.
“De acuerdo con la denuncia, el fiscal general, Barbosa, ha vulnerado su deber de imparcialidad, así como el principio de moralidad pública, los cuales sirven de fundamento ala prohibición constitucional y legal de participar en política, según lo dicho por la Corte Constitucional, la que además ha hecho énfasis en que tratándose de los órganos judicial, de control y electorales-, obra como una garantía reforzada o adicional de imparcialidad e independencia”, puntualiza.
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