La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de José Mauricio Cuesta Gómez y Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para establecer si hubo irregularidades en la compra de unos vehículos blindados para reforzar la seguridad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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En total fueron comprados 51 carros blindados por un total de 13.270 millones de pesos, por lo que el Ministerio Público buscará establecer si la compra se ajustó a la normativa, a los principios de contratación estatal y si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.
Además, la Procuraduría también investigará si se presentaron irregularidades por los altos precios de los accesorios y adecuaciones de los vehículos.
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La compra de estos carros ha sido fuertemente cuestionada, pues se efectuó en el mes de junio del 2020 cuando el país se encontraba en una situación económica difícil por la pandemia de la Covid-19.
