En medio de la polémica de los 70.000 millones de pesos, que fueron entregados a la unión temporal Centros Poblados para llevar conexión a internet a zonas rurales de más de 16 departamentos del país y de los que ahora no se tiene información, la Mintic se ve involucrada en un nuevo caso de posible corrupción.
A través de una columna de opinión de El Tiempo el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, denunció que en un contrato supervisado por Karen Abudinen, entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 4-72, empresa pública de correos nacionales e internacionales y servicios postales, hubo irregularidades, ante esto la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que sí encontró mérito para la apertura de una investigación administrativa sobre la contratación.
En la columna, denunció que probablemente hubo un caso de colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la competencia), similar a otros casos ya denunciados, y que en este caso la veeduria de control había advertido sin que nadie en el ministerio atendiera la alerta.
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“Cuando se abrieron de nuevo las licitaciones de las 8 regionales y una de la ruta nacional para celebrar los contratos de transporte, llamó la atención la denuncia de una presunta colusión, formulada por la Veeduría de Control, a la que no le pararon bolas en el Ministerio”, escribió Lleras en su denuncia
En el contrato lo que llamó la atención fue que 4-72 adjudicó cinco contratos: uno mediante licitación y los otros cuatro con invitación abreviada a las empresas que se presume están en colusión.
Algunas de las entidades que se beneficiaron en este proceso fueron: Macroservicios Express, Megatransportes, Transportes Occidental, Transportes especializados del norte, E cargo, Serfletar y Camarca.
Vargas Lleras, dijo que además de que existiera un posible conflicto de intereses en la adjudicación, las compañías Transportes Occidental y Macroservicios y también Macroservicios y Megatransportes habrían sido constituidas el mismo día en la Cámara de Comercio de Tuluá y por consiguiente usan los mismos vehículos con las mismas placas.
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Ante estas acusaciones, la empresa señaló que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y que las gestiones han sido objeto de seguimiento, a través de Servicios Postales Nacionales de Colombia (4-72), la información fue corroborada por la Superintendencia.
“Después de recibida la información se pudo identificar que, sobre el proceso contractual objeto de denuncia las actuaciones en principio no correspondían con una colusión u otra conducta donde se restrinja la libre competencia”, informó la Superintendencia en un comunicado y que el caso se trasladó al Grupo Élite contra Colusiones.
“Aunque el caso 4-72 se encuentra en su fase reservada en donde se ha podido recabar información para determinar si hay mérito para la apertura de una investigación administrativa, esta actuación corresponde a la delegatura para la Protección de la Libre Competencia, que adelanta la investigación y si encuentra probadas las conductas las presenta ante el despacho del Superintendente para toma de decisión en conjunto con el Consejo Asesor”, finalizó la entidad de control.