La Procuraduría abrió investigación disciplinaria a tres congresistas por supuestamente intervenir irregularmente en procedimientos realizados por la Policía durante las manifestaciones contra el Gobierno que comenzaron el pasado 28 de abril.
El Ministerio Público informó en un comunicado que los investigados son “dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes”.
Los afectados son los senadores Alexánder López Maya y Wilson Arias, ambos del opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA), y la representante a la Cámara María José Pizarro, de la lista de la Decencia.
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Una denuncia ciudadana señala que López intervino en un procedimiento policial contra personas que, supuestamente, estaban cometiendo actos de vandalismo el pasado primero de mayo, en Cali, capital del agroindustrial departamento del Valle del Cauca (suroeste).
Quejas de ciudadanos también dan cuenta de que Arias supuestamente intervino en un procedimiento que hacía la Policía en Cali el 30 de abril.
La investigación a Pizarro es por supuestamente haber utilizado su investidura para intervenir en procedimiento policial de control a manifestantes que protestaban el 5 de mayo a las afueras del Congreso, en Bogotá.
Por otro lado, la Procuraduría abrió una investigación preliminar en contra de los congresistas de la oposición Inti Asprilla, Ángela María Robledo y María José Pizarro por un comportamiento que tuvieron en contra de algunos policías en el Congreso de la República.
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Por otro lado, la Procuraduría adelanta 127 “actuaciones disciplinarias” contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta.
El documento explica que entre el 28 de abril y el 1 de junio también se siguen 10 casos contra otros funcionarios públicos, entre ellos una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de la Policía.
Las protestas dejan al menos 20 muertos, según cifras de la Fiscalía. Sin embargo, organizaciones como Temblores señalan que han sido registrados 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública.
