A partir de que se implementó la ley del aborto voluntario hace casi tres meses en Argentina, la práctica avanza incluso en las provincias más reacias, aunque aún encuentra obstáculos sobre todo judiciales, en el servicio de salud privado y por la presión de los grupos provida.
“La ley fue un punto de llegada”, dijo a Efe Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, respecto de la norma que entró en vigencia el 24 de enero último.
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“Pero también es un punto de partida, hay otra subjetividad, otros mundos, por eso la construcción de la política pública” para que las personas puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), explicó.
Esa política pública incluye la distribución regular de la droga para realizar la IVE, fortalecer a los equipos de profesionales y trabajadores sociales, acompañar a las mujeres cuando llaman a la línea de atención y trabajar a nivel institucional y político para resolver los obstáculos judiciales.
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Argentina no parte de cero porque la IVE hasta la semana 14 de gestación se monta sobre un sistema que permitía la interrupción legal del embarazo (ILE) por causales de salud y violación desde 1921.
Desde la cartera de Salud todavía no se ha podido establecer la cantidad de IVE que se realizan, pero sí ha registrado un aumento de más del 50 % en la cantidad de llamadas a la línea de atención telefónica tras la sanción de la ley, al punto que se ha decidido fortalecer el servicio “saturado” agregando un correo electrónico.
