Tres organizaciones sociales de derechos humanos entregaron a la JEP un informe que contiene información sobre 1.653 ejecuciones extrajudiciales en los que estaría vinculado el excomandante del Ejército, Oscar Enrique González Peña.
Se trata del informe titulado “La Continuación De La Política Del Horror: Oscar Enrique González Peña y 1.653 ejecuciones extrajudiciales en su sangrienta carrera militar”, fue presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Jurídica Libertad y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.
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El documento expone información obtenida sobre los falsos positivos que fueron atribuidos al excomandante, durante su servicio en la Cuarta Brigada del Ejército entre el 2003 y 2005, asimismo cuando estuvo a cargo en la Séptima División en 2005 y 2006, el Comando Conjunto del Caribe No. 1 entre 2006 y 2008 y el Ejército Nacional entre 2008 y 2010.
De acuerdo al escrito, estos hechos ocurrieron al ser el sucesor del exgeneral Mario Montoya, ya que González lo reemplazó en cada uno de los batallones en los que trabajó el excomandante.
Juliana Romero, del Observatorio de la Coordinación Colombia Europa EE. UU., afirmó que “los patrones comunes identificados están en el periodo 2002- 2010. Presionaban a las tropas por resultados exitosos medidos por cantidad de bajas en combate”.
Ante esto, el magistrado Óscar Parra de la Sala de Reconocimiento de Verdad afirmó que a lo largo de tres años han recibido 33 informes de este caso, que han permitido avanzar con el llamamiento a versiones voluntarias a 438 militares, además aseguró que este escrito será enviado al general en retiro Óscar Enrique González.
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“Este informe que hemos recibido vamos a trasladárselo al general en retiro Óscar Enrique González para poder interrogarlo e indagar sobre su participación en estos hechos”, agregó el magistrado.
El documento se presentó en el marco del “caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” que, forman parte de la investigación que dirige la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas (SRVR) de la JEP.
