Ramos está involucrado en presuntas irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de Hidroituango
La Fiscalía General de la Nación imputó a Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador del departamento de Antioquia entre 2008 y 2011, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación directa del proyecto de la central eléctrica de Hidroituango, informaron este miércoles fuentes judiciales.
“La Fiscalía tiene evidencias de la posible responsabilidad del exmandatario en el delito de interés indebido en la celebración de contratos”, detalló la institución en un comunicado, en el que explicó que Ramos no aceptó los cargos.
Ramos está involucrado, al parecer, en “presuntas irregularidades detectadas en el direccionamiento del contrato para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango”, ubicada en Antioquia, según la investigación de la Fiscalía.
El exgobernador, cuando estaba en el cargo, actuó al parecer “en contravía de los intereses del departamento y cambió su posición respecto al proceso de adjudicación del proyecto”, por lo cual permitió “que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM)”.
La investigación de la Fiscalía arrojó que Ramos “conoció y avaló cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios, entiéndase EPM, fuera designado como contratista”.
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El exgobernador, que también fue alcalde de Medellín entre 1992 y 1994 y senador entre 2002 y 2006, “realizó varias visitas a la Presidencia de la República y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida”.
“De esta manera, el 30 de marzo de 2011, Hidroituango S.A. suscribió con EPM el contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) para la ejecución del proyecto energético más importante del país”, precisó la Fiscalía.
Esto, según el organismo acusador, demuestra que se desconocieron “los principios de buena fe contractual, planeación, transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva”.
EFE
