La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha encargado a un despacho de abogados que investigue los casos de abusos sexuales sufridos por menores de edad en el seno de la Iglesia en el pasado, “sin límite temporal” y con el propósito de llegar “hasta el final”.
Esa auditoría “independiente”, que llevará a cabo el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, permitirá “complementar”, no suplir, la investigación que lleve a cabo el Estado, de manera que se colaborará con las autoridades para aportar “luz y transparencia”.
Los obispos católicos españoles dieron así este martes un paso “en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaborar con las autoridades en los casos de abusos sexuales a menores que afectan a la sociedad española”, explicó el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
También volvió a pedir perdón a las víctimas, en una rueda de prensa para presentar esta investigación, que desarrollará gratuitamente el despacho profesional citado, aunque repercutirá los gastos.
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OTRAS INVESTIGACIONES
Esta cuestión vuelve a suscitar polémica en España desde hace unas semanas, después de que el escritor Alejandro Palomas asegurara que fue violado por un religioso docente cuando era estudiante de un colegio de La Salle; otros exalumnos del centro también denunciaron abusos posteriormente.
Las fiscalías españolas informaron también de 68 investigaciones en curso en estos momentos sobre abusos sexuales cometidos contra menores de edad en congregaciones, colegios y otras instituciones religiosas.
La Congregación para la Doctrina de la Fe comunicó a la CEE en 2021 que 220 sacerdotes españoles habían sido denunciados por pederastia desde 2001, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 seguían abiertos.
El Partido Socialista español, que gobierna en coalición con los izquierdistas de Unidas Podemos, anunció que propondría al Parlamento que encargue al Defensor del Pueblo investigar los abusos junto con una comisión de expertos.
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A SEMEJANZA DE ALEMANIA
El presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades, reconoció que se trata de una cuestión delicada y difícil: “El asunto más complejo que hemos afrontado hasta la fecha”, subrayó, y en el que espera contar con la participación de las víctimas, los medios de comunicación y las oficinas episcopales que llevan meses recabando datos.
“Empezamos de cero, hoy es el día uno de esta etapa que la Iglesia ha decidido abrir sin ningún límite temporal ni material”, enfatizó.
Como método de trabajo, se seguirá el ejemplo de Francia, Irlanda, Australia y especialmente Alemania, donde la diócesis de Múnich encargó una investigación similar al despacho de abogados Westpfahl Spilker Wastl, dos de cuyos socios viajarán cada mes a Madrid para aportar su experiencia.
Un equipo de 18 profesionales se dedicarán desde hoy a la investigación, formado por la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional español Encarnación Roca y otros juristas conocidos, expertos en psicología, psiquiatría y de los ámbitos que demanden las víctimas.
Omella precisó que la confederación de órdenes religiosas españolas ha accedido también a participar en esta auditoría como responsables de los centros educativos en los que se produjeron la mayor parte de los abusos.
Los casos pederastia se podrán comunicar en la dirección de correo electrónico denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com
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COLABORACIÓN CON EL ESTADO
“No venimos a suplir, sino a complementar, no vamos a ser una alternativa a lo que los poderes públicos pueden hacer, sino a ayudarles a cumplir su función”, explicó Cremades, quien se identificó como católico y miembro del Opus Dei, algo que ha generado suspicacias entre las víctimas.
Omella indicó que la investigación abierta, de la que se informará “inmediatamente” al papa, “deberá tener toda la amplitud necesaria” para esclarecer los casos del pasado, evitar que ocurran más y “reparar” el daño causado.
Sobre posibles indemnizaciones, Cremades no quiso concretar nada, pues la investigación acaba de comenzar, pero reconoció que nadie puede pensar que, “si se identifica un daño, no vaya a haber reparación”.
“Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia”, insistió el abogado.
Informó de que lo primero que ha hecho es ponerse al habla con el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinarse con esta institución. Víctimas de abusos se mostraron, sin embargo, escépticas sobre esa auditoría e insistieron en que el Estado no renuncie a la investigación.
EFE
