Una polémica surgió entre el Gobierno y el Senado por cuenta de la creación de 16 curules en esa corporación para las víctimas del conflicto armado, porque mientras el Ejecutivo dice que sí fueron aprobadas los congresistas aseguran que no.
La discusión jurídica se dio este jueves porque las partes no están de acuerdo en el número de senadores a partir del cual se conforma la mayoría para aprobar la reforma constitucional.
La situación comenzó en horas de la mañana cuando la plenaria del Senado inició la votación del informe de conciliación por el cual se crean las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes, que funcionarán a partir de 2018.
Por ser un acto legislativo, la conciliación era necesaria porque los textos aprobados en la Cámara y el Senado eran diferentes y se requería de la mayoría absoluta en la cámara baja, es decir la mitad de los votos de esa corporación.
El Senado está conformado por 102 parlamentarios y como la iniciativa tuvo 50 votos, el secretario de esa entidad, Gregorio Eljach, dijo que el proyecto no podía ser aprobado porque le hizo falta un voto.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el quórum para aprobar el informe de conciliación se debía establecer sobre 99 senadores y no a partir de 102.
Esto porque los senadores oficialistas Musa Besaile y Bernardo Elías están presos por corrupción. Además, tampoco está el senador Martín Morales, procesado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica.
Esto significa que están suspendidos bajo la figura de la “silla vacía” y no pueden ser reemplazados.
El ministro Rivera, en un primer momento dio por no aprobada la iniciativa.
A pesar de ello, posteriormente señaló que la mayoría absoluta se toma con base en 99 senadores.
Por lo anterior, aclaró, “la mayoría son 50 votos, es decir se aprobaron” las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Los escaños, pactados en el acuerdo de paz entre el Gobierno y la Farc serán por dos periodos legislativos a partir de 2018 y estarán destinados a las víctimas del conflicto, indígenas y campesinos.
Según la iniciativa gubernamental, solo podrán votar y ser candidatos las personas que habiten regularmente estos territorios o que hayan sido desplazadas y estén en proceso de retorno.
