La iniciativa tiene el apoyo de congresistas y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afro y de derechos humanos.
El Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley ordinaria que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural, una iniciativa con la que busca avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Ejecutivo y la desmovilizada guerrilla de las Farc.
El proyecto establece las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como los relacionados con posesión y tenencia de la tierra, servidumbres agrarias, deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros.
Igualmente, establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.
Este es el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el período legislativo. El documento tendrá su primer debate en la Comisión Primera del Senado.
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La iniciativa tiene el apoyo de congresistas y representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afro y de derechos humanos.
El proyecto, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “va de la mano con el plan de choque del Gobierno Nacional para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en la segunda mitad de su mandato”.
Cristo puntualizó que la iniciativa se cumple con otro compromiso que hizo Petro durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 20 de julio, en el sentido de que los proyectos que se radiquen sean socializados, buscando la mayor concertación posible con todas las bancadas.
Mientras tanto, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que la iniciativa busca saldar la deuda con la población rural, al “acercar la justicia a los territorios olvidados” y “unir el derecho a la justicia agraria al derecho a la dignidad y a la vida digna de los campesinos y comunidades étnicas”.
Destacó que el proyecto contiene herramientas que garantizan “el acceso a la justicia para evitar que los conflictos sean resueltos de manera violenta”, mediante principios de “derecho a la tierra y derecho a la semilla”.
A su vez, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, manifestó que con esta propuesta gubernamental no solo está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz, sino que también está “cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años: que sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra”, sin la intervención de los actores violentos.
Con la Jurisdicción Agraria, el Gobierno no solo busca garantizar que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, sino que, además, pretende promover la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.
EFE
