Los detenidos han denunciado que sus derechos están siendo violados en condiciones inhumanas de detención y maltratos por parte de la fuerza pública.
El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que monitorea la situación de los cerca de 1.500 detenidos por los asaltos del domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema tras denuncias de que sus derechos han sido violados.
La preocupación por la situación de los bolsonaristas radicales arrestados, que en su mayoría están confinados provisionalmente en un pabellón deportivo de la Policía Federal, fue manifestada por el ministro de Derechos Humanos del Gobierno de Lula, Silvio Almeida, en un comunicado.
Le puede interesar: 17 manifestantes mueren en la jornada más sangrienta de protestas en Perú
Numerosos detenidos comenzaron a ser transferidos este martes a la prisión de Papuda, a las afueras de Brasilia.
La cartera de Derechos Humanos informó en la nota que está en contacto con el Ministerio de Justicia “para monitorear la situación de las personas detenidas tras los desórdenes ocurridos en Brasilia”.
Según el comunicado, las dos carteras actuarán en conjunto “para que la legalidad siempre sea observada”.
El anuncio se produjo luego de que los propios detenidos aprovecharan su acceso a las redes sociales para denunciar supuestas violaciones a sus derechos, algunas de las cuales ya desmentidas, incluyendo maltratos y condiciones inhumanas de detención.
Le puede interesar: Fiscalía de Irán pide castigar con firmeza a mujeres que no usen el velo
Además de 300 personas detenidas el domingo en flagrancia por su participación en los ataques golpistas, otras 1.200 fueron arrestadas el lunes en el campamento que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro habían instalado hacía 70 días frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para presionar por un golpe militar contra Lula, cuya victoria electoral no reconocen.
Todos fueron conducidos a un pabellón deportivo mientras unos 50 equipos de fiscales y policías intentan identificarlos e interrogan uno por uno para establecer su posible responsabilidad en los ataques y determinar si los liberan o les formulan cargos.
