El Gobierno nacional presentó una propuesta para crear una comisión de aforados que investigue y acuse a los magistrados de las altas cortes, así como a los jueces de la justicia especial para la paz y al fiscal general de la nación, informó la Presidencia.
“Creo que es un paso importante en la dirección de corregir ciertos aspectos de nuestras instituciones formales que puede mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra institucionalidad”, afirmó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en un comunicado de su despacho.
La comisión, que hace parte del proyecto de ley de reforma política, contará con su propio cuerpo técnico de investigación y sus cinco magistrados serán seleccionados por el Congreso de ternas presentadas por las mejores universidades del país.
“Como ya esto surtió un debate tranquilo, reposado, importante, (…) le dimos el visto bueno para que se incluyera en la reforma política”, añadió el mandatario.
Por otra parte, Santos manifestó que el Gobierno planea presentar un proyecto de reforma a la Justicia, que será tramitado por el próximo presidente y Congreso.
“Le he pedido al señor ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) que inicie un proceso de socialización con las propias cortes, con universidades y todos los interesados, para ver si podemos encontrar un consenso para presentar una reforma, ya será para el semestre entrante”, aseveró.
La iniciativa del Gobierno se presenta en medio de las denuncias sobre la existencia de una red de corrupción al interior de la Corte Suprema que implica a dos expresidentes de esa corporación.
En la red de sobornos están involucrados los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, por cuyos casos fue citado a declarar el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, capturado con fines de extradición a Estados Unidos, informa Efe.
A las investigaciones de la Fiscalía se sumó la revelación del detenido senador Musa Besaile, del oficialista Partido de la U, quien en un interrogatorio ante la Corte Suprema dijo que pagó 2.000 millones de pesos (unos 681.500 dólares) a Moreno para frenar una orden de captura en su contra por supuestos vínculos con paramilitares.
