El gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, abandonó Colombia el pasado 19 de agosto por supuestas amenazas de muerte en su contra, razón por la cual sus abogados acudieron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares para proteger su vida.
“Con preocupación recibimos información sobre amenazas de muerte en contra del Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo. Condenamos estas amenazas y damos seguimiento a su caso, de acuerdo con nuestro mandato”, expresó la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Twitter.
Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a Caicedo ante la CIDH, señaló en un comunicado que la Gobernación del Magdalena recibió información el 14 de agosto, de “una fuente altamente confiable”, sobre un presunto plan de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para asesinarlo.
“Esta información que, de acuerdo con lo dicho por la Gobernación, fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena”, agregó la información.
Igualmente, la CCJ señaló que esta amenaza de las AGC, la principal banda criminal del país y también conocida como Clan del Golfo, fue ratificada por altos oficiales de la fuerza pública en una reunión virtual celebrada el pasado 17 de agosto.
Caicedo, que fue alcalde de Santa Marta (2012-2015), capital departamental de Magdalena, fue precandidato en las elecciones de 2018 y se adhirió a la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que perdió los comicios en la segunda vuelta contra el presidente Iván Duque.
El jefe jurídico de la gobernación del Magdalena, José Humberto Torres, explicó que Caicedo debió recurrir a la CIDH ante la falta de disposición del Estado colombiano para garantizar su seguridad.
Torres denunció que la Unidad Nacional de Protección, que es un organismo estatal de seguridad, “literalmente nos está vendiendo la protección”.
Explicó que esta es la segunda amenaza de atentado que se descubre contra Caicedo por lo que el estudio de riesgo del gobernador, realizado por la Policía Nacional, determinó que requiere por lo menos dos vehículos blindados y cinco hombres de protección.
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“Tres meses después de descubierto el primer atentado, la UNP desmontó las medidas de seguridad y le planteó a la Gobernación que asumiera el pago de la protección del gobernador. Hoy cuenta con un vehículo arrendado de la UNP pero pagado por la gobernación y dos contratistas de la UNP por los que estamos pagando”, dijo Torres. Efe
