La Fiscalía General de la Nación inició una investigación por la exigencia de presuntos sobresueldos que estarían realizando algunos funcionarios del Inpec en varias ciudades del país, a cambio de acceder al traslado de los detenidos.
Según informa el ente acusador en al menos 6 ciudades del país, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estarían solicitando “sobresueldos” a las administraciones municipales para trasladar a las cárceles a detenidos que se encuentran hacinados en las URI de la Fiscalía y estaciones de Policía.
Ante esta delicada denuncia el sindicato de trabajadores del sector se defendió a través de un comunicado de prensa, asegurando que no son extorsiones sino contratos celebrados entre las alcaldías y el Inpec.
“Asocapitales, en cabeza del doctor federico gutiérrez ha querido endilgar esa responsabilidad al inpec, cuando mas de 200 alcaldes municipales han celebrado convenios interadministrativos con el inpec para la manutención de los internos que no son del inpec sino de las entidades territoriales. por lo anterior, no es cierto, que exigir el pago de las obligaciones legales contempladas en la ley 65 de 1993 sea un delito, contrario, la fiscalía general de la nación dio la noticia al revés, debe iniciar investigaciones penales por prevaricato a los alcaldes que se han negado a celebrar estos convenios para superar la crisis carcelaria, tal como lo ha exigido la Procuraduría General de la Nación en varios pronunciamientos”, informaron en un comunicado.
El hacinamiento carcelario es de tal gravedad que, además de obligar a la suspensión de operativos de seguridad ciudadana en Medellín, ha dado lugar a situaciones similares en otras ciudades.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía investigará la veracidad de estos casos y determinará si, eventualmente, podrían estar presentándose delitos como extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros delitos.
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— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 15 de mayo de 2018
