Los 180 soldados colombianos a los que campesinos cocaleros de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, les habían impedido realizar labores de erradicación de cultivos ilícitos en los últimos dos días retomaron este jueves su trabajo tras llegar a un acuerdo con los pobladores.
“Se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército Nacional (…) en el departamento de Norte de Santander” aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, citado en un comunicado de su despacho.
El Ejército y el Gobierno denunciaron este jueves que los campesinos tenían retenidos a los militares que realizaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos en una zona rural de Tibú e incluso habló de que habían sido secuestrados.
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“Pretender retener soldados que cumplen con erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo es un secuestro y demuestra que el narcotráfico es la mayor amenaza a la democracia. Contra los que así proceden, la respuesta es la ley. No aceptamos chantajes contra la autoridad y la ley”, expresó hoy el ministro de Defensa, Diego Molano, en Twitter.
Los campesinos, que han manifestado su voluntad de acogerse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, calificaron de “desproporcionada” la acusación del ministro sobre un supuesto “secuestro” de los militares.
“Hay un cerco humanitario de las comunidades que piden que se cumplan los acuerdos de sustitución firmados por el Estado, son 180 hombres que tiene armas automáticas no es posible hablar de retenciones”, dijo a Efe un portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
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MEDIACIÓN DE LA DEFENSORÍA
Un equipo de la Defensoría del Pueblo viajó hasta la zona donde estaban los militares y los campesinos, con quienes conversaron para verificar la situación en la que se encontraban los soldados.
“Como defensor del pueblo rechazo las vías de hecho y reitero la importancia del diálogo como mecanismo fundamental para lograr acuerdos entre las partes, siempre sobre la base del respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distingo de condición alguna”, recalcó Camargo.
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En ese sentido, la negociación concluyó con un manifestación de las comunidades de retirarse y no impedir el trabajo de la fuerza pública.
“Desde la Defensoría del Pueblo serviremos de garantes de los espacios de diálogo entre las comunidades campesinas de esta región del Catatumbo y las autoridades de los gobiernos municipal, departamental y nacional con el fin de que se avance en el proceso de erradicación gradual de los cultivos de uso ilícito, de la mano con los programas de sustitución que permita mejorar las condiciones de vida de la población”, señaló Camargo.EFE
