El Gobierno francés recibió este jueves el visto bueno a dos de las medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia: la obligación de presentar a partir del 9 de agosto un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes y de que el personal médico se vacune contra la covid.
La entrada en vigor de la nueva ley en la que se enmarcan ambas exigencias estaba pendiente del aval del Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de la Carta Magna en la normativa.
Esa institución había sido consultada por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición de izquierdas.
El llamado “pase sanitario” consiste en un test negativo de coronavirus de menos de 48 horas para los lugares culturales y de menos de 72 horas para los viajes; una pauta de vacunación completa o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.
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Se exigía ya desde el 21 de julio en lugares culturales como museos o cines, y desde este próximo lunes también en bares, restaurantes o centros comerciales.
El Consejo Constitucional estima que la protección de la salud que estas medidas ofrecen está por encima de la afrenta a las libertades que denuncian los opositores de la ley.
Su presentación pasa a ser también obligatoria en centros médicos u hospitalarios para quienes acompañen a los pacientes o los visiten, pero en ningún caso, según se precisó este jueves, puede limitar el acceso de los enfermos a los cuidados.
“No dejaremos de atender a nadie”, destacó este jueves el ministro de Sanidad, Olivier Véran.
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No todas las disposiciones evaluadas, no obstante, obtuvieron el aval del organismo. El Consejo Constitucional censuró la posibilidad de romper de forma anticipada un contrato temporal o interino a quienes no dispongan de ese justificante sanitario.
E igualmente vetó el aislamiento obligatorio durante diez días de quienes hayan dado positivo de coronavirus, el mismo que se aplica a quienes lleguen procedentes de un país de riesgo elevado, al considerar que constituye una privación de la libertad.
El primer ministro francés dijo tomar nota de ambas anulaciones, y recalcó que los poderes públicos se volcarán en recordar a todas las personas contagiadas la necesidad de “respetar escrupulosamente” las correspondientes recomendaciones médicas. EFE
