Con la apertura del proceso de inscripción de cédulas comenzó el calendario electoral para los comicios de 2019, y comienzan las acciones institucionales para garantizar el normal desarrollo de las votaciones para alcaldes y gobernadores.
Ante la posibilidad de delitos electorales e irregularidades administrativas, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral firmaron una circular de cooperación que permitirá desarrollar pedagogía, labores de prevención e intercambiar información valiosa que permita avanzar en la investigación y judicialización de los responsables de conductas que afecten la contienda electoral.
En ese sentido, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral alertan a la ciudadanía sobre las posibles faltas que podrían presentar en esta etapa del proceso y que acarrean consecuencias de tipo penal y administrativas.
- Fraude en inscripción de cédulas de ciudadanía
El Código Penal establece que quien inscriba documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel en el que hayan nacido o residan (lugar de habitación, lugar de trabajo o lugar donde posea negocios), incurrirán en prisión de 4 a 9 años de cárcel y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales.
Al respecto, la Fiscalía y el CNE comenzaron un monitoreo en tiempo real de todos los municipios del país, con el propósito de identificar cualquier intención de fraude en la inscripción de cédulas, definir las responsabilidades penales a las que haya lugar y proceder a la revocatoria de la inscripción viciada.
- Inscripción irregular de candidatura
Deberán responder penalmente de 4 a 9 años de prisión las personas que se inscriban como candidatos y resulten elegidos, con conocimiento de haber sido declarados responsables fiscalmente; sancionados disciplinariamente, con inhabilidad vigente; o condenados por sentencia judicial a penas de prisión por delitos dolosos (excepto delitos políticos).
Aquí, la Fiscalía y el CNE coordinarán acciones que permitan detectar casos en los que aspirantes inhabilitados participen en la contienda electoral y se inscriban como candidatos, en una clara defraudación de la voluntad ciudadana y poniendo en riesgo recursos públicos.
La circular exhorta a precandidatos y representantes legales de los partidos políticos a ejercer responsablemente sus derechos y deberes políticos, y evitar postulaciones viciadas por inhabilidades.
