En el transcurso del pasado martes, 21 de septiembre, se realizó la audiencia de medida de aseguramiento contra Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, implicados en el caso de Centros Poblados.
Durante la exposición de sus argumentos, el fiscal del caso advirtió de posibles amenazas y sobornos en contra de quienes se convirtieron en testigos del proceso: Juan Carlos Cáceres y Jorge Alfonso Molina.
Según explicó el funcionario, Molano, intermediario para obtener garantías bancarias que presentó la UT Centros Poblados en el proceso licitatorio, recibió varios ofrecimientos para que asumiera por completo la responsabilidad y, a cambio de esto, le daban grandes cantidades de dinero y seguridad a su familia.
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Al parecer, en un principio fue Juan José Laverde quien le hizo la propuesta a Molina “y a cambio pagarían el abogado que él escogiera y a ellos le designaban uno pero le ayudarían con todos los gastos y que también le cubrían los gastos a su familia”, dijo el ente acusador.
“El señor Molina se negó a dicha propuesta y después le enviaron un abogado, Daniel González. Se encontraron en el centro comercial El Tesoro en Medellín, donde el señor González, y así quedó en el interrogatorio, le manifestó y le hizo la misma propuesta que le hizo el señor Juan Jose: de que aceptara porque él sabía que detrás de todo esto había gente muy poderosa”, agregó la Fiscalía.
Por su parte, el otro testigo, Juan Carlos Cáceres, aseguró que cuando se dio a conocer que él colaboraría con la Fiscalía, hombres armados llegaron hasta su vivienda, lo amenazaron con matarlo a él y a su hijo si continuaba revelando los detalles que conocía.
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Estas razones llevaron a que el fiscal argumentara al juez de control de garantías que los hoy capturados presentaban un peligro para la sociedad y el proceso, y por ello debían de ser cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación.
“Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, explicó el funcionario.
La audiencia será reanudada el próximo viernes, después de que la Procuraduría pidiera tiempo para estudiar el material probatorio entregado por la Fiscalía.
