La Fiscalía abrió una investigación luego del derrame de crudo del pozo Lizama que ha dejado un grave daño ambiental desde hace un mes que inició la emergencia.
Un fiscal de derechos humanos adscrito a la Unidad Ambiental asumió la investigación para determinar las responsabilidades del derribe de crudo por importantes fluviales.
De esta manera el ente investigador hará una inspección formal al lugar donde según la estatal se ha regado aproximadamente más de 550 barriles de crudo.
Por su parte, veterinarios, pescadores y funcionarios, entre ellos de la petrolera trabajan sin descanso para detener el daño a la naturaleza.
En la desembocadura de Caño Muerto los pescadores unieron esfuerzos con los funcionarios de Ecopetrol para descontaminar las fuentes hídricas y evitar que se expanda el petróleo vertido, que dejó su mancha en plantas de la zona que murieron y tuvieron que ser puestas en piscinas para evitar su contacto con las demás especies.
Como consecuencia de esto, zonas aledañas a los afluentes están desforestadas e incluso cada paso de las personas hace brotar del suelo embebido petróleo, ese mismo hidrocarburo que está contenido con barreras en algunos puntos de las quebradas para que no siga su camino de destrucción.
El pozo La Lizama 158 está ubicado en el corregimiento de La Fortuna, en el municipio de Barrancabermeja, una zona en la que además de petróleo hay una frondosa y variada vegetación, así como fincas donde se cultiva principalmente la palma de aceite.
